El Congreso de la República oficializó las acusaciones contra el expresidente Pedro Castillo por tres delitos: organización criminal, colusión y tráfico de influencias. El caso involucra a a los exministros Juan Silva de Transportes y Comunicaciones y Geiner Alvarado de Vivienda Construcción y Saneamiento.
Ante ese escenario, el Ministerio Público podrá formalizar la investigación y así iniciar el proceso penal contra el exmandatario Castillo Terrones, tal como lo solicitó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 11 de octubre del 2022 ante el Parlamento al presentar la denuncia constitucional.
El pasado viernes 17 de febrero, el Parlamento aprobó el informe final que recomendó acusar al ex jefe de Estado por tres delitos. La decisión fue adoptada con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones.
Las bancadas que respaldaron el documento fueron Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Somos Perú; así como los no agrupados Héctor Acuña, Carlos Anderson, Juan Burgos, Edward Málaga y Flor Pablo.
En el caso de Silva, la acusación contra su persona recibió el respaldo de 87 congresistas; mientras que en la situación de Alvarado 80 parlamentarios votaron a favor.
El exministro de Cutura y Trabajo, Alejandro Salas, consideró que el Congreso de la República actuó de manera correcta en este caso “ya que todos los ciudadanos, más allá que sea un expresidente”, tienen la obligación de responder a la justicia que no se encuentre “politizada”.
