Ante la revelación de los últimos escándalos por las obras cuya ejecución se encuentran bajo responsabilidad del Gobierno Regional Huánuco, y al no haber los ánimos para hacer los correctivos, es necesario tener en cuenta que, al gobernador regional Antonio Pulgar Lucas le puede ocurrir lo mismo que a su antecesor Juan Alvarado, que dejó el cargo antes de que concluya su mandato, expresó Olchese Tarazona Gonzales, consejero regional por la provincia de Huánuco.
Tarazona señalA que, conforme avanza la actual gestión, los casos de presunta corrupción han incrementado y son recurrentes, generando un deterioro en la administración regional. “No se observa ningún esfuerzo por revertir esta situación ni por mejorar la gestión”, afirmó.
Asimismo, criticó la falta de voluntad política del gobernador para enfrentar los problemas. “En lugar de asumir responsabilidades, se limita a emitir excusas y justificaciones, intentando deslindarse de los escándalos, cuando él es el principal responsable político de lo que ocurre en su gobierno”, sostuvo.
El consejero también cuestionó la debilidad de los argumentos presentados por Pulgar ante la ciudadanía y los operadores de justicia. Como abogado de profesión, Tarazona indicó que dichas explicaciones no convencen ni a fiscales ni a jueces, ya que carecen de solidez jurídica para deslindar responsabilidades penales.
En ese sentido, enfatizó que en el Gobierno Regional de Huánuco no se puede alegar que los comités de selección actúan con autonomía absoluta. “En la administración pública existen jerarquías, y los superiores tienen la obligación legal de supervisar a sus subordinados. No se puede justificar la omisión de control con el argumento de autonomía operativa”, precisó.
Tarazona también señaló que los consejeros regionales tienen responsabilidad en la fiscalización de la gestión, tal como lo establece una reciente sentencia de la Corte Suprema, que reconoce atribuciones similares entre regidores y consejeros en sus respectivos ámbitos. Por ello, propuso la conformación de una comisión investigadora dentro del Consejo Regional para indagar sobre la actual gestión. Advirtió que, de no aprobarse esta iniciativa, podría interpretarse como un intento de encubrimiento.
El consejero estima que, si la gestión regional mantiene su actitud actual, es probable que las investigaciones fiscales terminen identificando responsabilidades penales. “En el Perú, incluso presidentes de la República han sido procesados por delitos. No se puede descartar que funcionarios y autoridades regionales también sean comprendidos en estos procesos”, concluyó.
Tarazona también denunció que los consejeros regionales de oposición son mal vistos por la actual gestión. Sin embargo, recordó que fueron elegidos para cumplir funciones de fiscalización, y que seguirán ejerciendo ese rol.
