Una controversia de carácter institucional envuelve la acción de amparo y medida cautelar interpuesta por el decano del Colegio de Abogados de Huánuco (CAH), Handy Cruz Jaramillo, la cual busca frenar la ejecución del proyecto de la Laguna Viña del Río. Los documentos presentados ante el Poder Judicial llevan el logotipo del estudio jurídico de Cruz y no el membrete oficial del Ilustre Colegio de Abogados.
Sobre el particular, el exdecano de la orden profesional, Hernán Cajusol Chepe, refirió que cualquier acción legal que comprometa la representación del gremio debe contar con la aprobación previa del consejo directivo y el acta correspondiente. «Tiene que haber el respaldo de toda la junta directiva porque es la institución la que está presentando una acción. Para eso justamente se les elige, para que tomen decisiones a nombre de todos los abogados, y eso tiene que expresarse en las acciones que plantean», sostuvo.
El exdecano recordó que durante su gestión, denuncias de envergadura como el relacionado a la Carretera Central o el proyecto de ley para la abogacía peruana remitido al Congreso de la República, tramitaron rigurosamente bajo el membrete de la institución y acompañadas del acta firmada por la directiva en pleno.
En ese sentido, precisó que si bien cualquier ciudadano o el propio decano tienen derecho a promover acciones judiciales, el uso del membrete de un bufete particular desdibuja la naturaleza institucional de la demanda.
Ante este escenario, Cajusol estimó que es muy probable que el juzgado a cargo del caso solicite una aclaración formal para determinar con precisión qué persona jurídica o natural promueve la demanda. De no ser así, sugirió que el propio decano Cruz Jaramillo debería subsanar el detalle de oficio.
«Presentar las acciones judiciales con el membrete de su estudio y no del colegio deja entrever que quizás toda la junta directiva no estaría de acuerdo con esta demanda. Hay la necesidad de una explicación para disuadir esas dudas», manifestó.
