Luego de asumir la encargatura del despacho de gobernador regional de Huánuco ante la suspensión de Juan Alvarado por hallarse incurso en un proceso penal con orden de prisión preventiva; Erasmo Fernández Sixto dispuso diversos cambios de funcionarios, entre ellos de los consultores con cargo al Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), cuyas remuneraciones van entre los 5 a 10 mil soles.
El primer grupo que ingreso en el mes de abril, la lista estuvo integrada por la actual regidora provincial de Huánuco Varinia Calvo Gómez, los abogados José Edmundo Pablo Chávez y Teodomiro Pelayo Beteta Ventura; el economista Heyder Soto Gómez y la ingeniera industrial Lucy Delgado Navidad; cuyos sueldos fueron fijados entre 7000 y 9500 soles.
Para mayo, se sumaron otros, entre ellos el médico Edwin Santa María Dávila, Marco Antonio Vásquez Lavado y Wily Oscar Lázaro Huamán, con pagos similares.
UN OBSERVADO. En la última lista, aparece Willy Lázaro Huamán, quien en el 2017 se desempañó como jefe del área de Gestión Administrativa de la Ugel Huánuco.
En junio de ese año se hizo público un informe del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación, señalando que el director de la referida Ugel y cuatro funcionarios, entre ellos Lázaro Huamán, habrían favorecido en pagos indebidos a nueve profesores y a 36 trabajadores administrativos, por lo mismo que recomendó iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y acciones legales.
En la acción de control que realizó el OCI de la DRE a la Ugel Huánuco, halló, además, responsabilidad en el director de entonces Hilmer Marchan Coz, el exjefe del área de Gestión Institucional, Carlos Rada Noriega, en la tesorera Katherine Mendoza Cercedo y el responsable de Planilla, Primitivo Alvarado Bueno.
Según el documento, los funcionarios habrían concretaron los pagos indebidos de S/260 589.48 a nueve docentes con los comprobantes de pago n.° 017 y n.° 037 por S/88 721.70 y S/171 867.78. Además, con el comprobante de pago n.° 582 por S/297 175.96 se pagó indebidamente a 36 administrativos por deudas laborales del Decreto de Urgencia n.° 037.
El OCI concluyó que los pagos realizados se hicieron de manera irregular en febrero y abril de 2017 cuando debieron hacerse efectivo en diciembre con habilitación de recursos y previa autorización del Gorehco. Tampoco pagaron según la antigüedad de las resoluciones; e incluso, emitieron resoluciones el mismo día del pago.
