El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, informó anoche que ha puesto su cargo a disposición del presidente Pedro Castillo.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario señaló que el objeto de su decisión es el de impedir que determinados sectores «desestabilicen políticamente el gobierno».
El ministro adjuntó a este mensaje la carta en la que manifiesta al Presidente su voluntad de poner a disposición su cargo.
Entre otros puntos, en la misiva indica que condena al terrorismo y lamenta que aspectos del ámbito laboral en los que viene trabajando desde su despacho no sean informados.
Maraví estuvo reunido esta noche en Palacio de Gobierno con el presidente Castillo, y a su salida realizó declaraciones a la prensa en las que señaló que su permanencia en el gabinete depende de la decisión del mandatario.
«Le he dicho que mi persona está al servicio del gobierno hasta que él, como Jefe del Estado, lo decida; mientras tanto sigo trabajando y estoy con la frente en alto», declaró a la prensa el ministro.
En ese sentido, recalcó que lo que ha hecho ha sido poner su cargo a disposición del mandatario.
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«Más allá de lo que corresponde a mi persona, el Presidente tendrá que evaluar el contexto político, la estrategia del gobierno o si debo seguir en el cargo», indicó.
Refirió que el mandatario «sabe que no tengo ninguna condena penal firme o consentida; ni siquiera una investigación».
En ese sentido, precisó que nunca llegó a ser procesado por el acto terrorista con el que se le involucró en un atestado policial, y que ese caso «está archivado en lo que me corresponde».
Si bien los cuestionamientos a Maraví ya venían desde antes, las críticas aumentaron cuando se conoció que su nombre aparecía en atestados policiales que lo relacionaban con atentados durante la década de los 80.
Pese a que Maraví intentó deslindar de cualquier tipo de vínculo con sectores extremistas, las recientes revelaciones llevaron a que varios congresistas pidieran su destitución. La bancada de Renovación Popular anunció que estaba recolectando firmas entre los legisladores para buscar su censura del ministro. Entre los parlamentarios que pidieron su salida también estaba la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva.
