Ante el constante incumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en la mesa de diálogo, la compañía minera Antamina, junto con los ministerios liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ha generado el descontento del Frente de Defensa y Desarrollo, el Comité de Lucha y la Asociación de Alcaldes del distrito de Llata, provincia de Huamalíes.
En un pronunciamiento público, estas organizaciones expresaron su malestar a través de cinco puntos claves:
Condenan la actitud irrespetuosa de la Minera Antamina, en aparente complicidad con la PCM, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Provías Nacional, por no haber concluido en 13 años (2013-2025) el expediente final para el asfaltado de la carretera Antamina-Llata-Tingo Chico. Advierten que, de persistir esta indiferencia, la ejecución podría extenderse hasta 50 años más.
Repudian la inacción de la Minera Antamina, el Ministerio de Educación y la PCM en la construcción de nueve instituciones educativas comprometidas desde 2016. A la fecha, únicamente la Institución Educativa N° 32386 “DFT” se encuentra en ejecución desde julio de 2024.
Critican el abandono de proyectos de asfaltado de las carreteras de ambas márgenes de Huamalíes: margen derecha (Nuevas Flores-Tantamayo-Carpa) y margen izquierda (Pachas-Singa). Estos proyectos, a cargo de Provías Descentralizado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la PCM, llevan 10 años sin avances significativos.
Exigen explicaciones sobre por qué los expedientes de gestión, que deberían concluirse en un máximo de dos años, han quedado pendientes por más de una década. Consideran esta situación como muestra de insensibilidad social y falta de compromiso hacia el desarrollo.
Finalmente, advierten sobre los costos sociales derivados de posibles medidas de protesta, responsabilizando a la PCM, a las autoridades nacionales y a la Minera Antamina por las consecuencias que podrían surgir en la lucha por concretar los sueños de sus pueblos.
Este pronunciamiento refleja el profundo malestar de las comunidades, que reclaman acciones concretas y una respuesta inmediata de las autoridades implicadas.
