
Para el 12 de agosto próximo fueron citados los excongresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel Weydert y Bienvenido Ramírez Tandazo; además del exasesor Alexei Toledo Vallejos; para la audiencia de inicio de juicio oral como presuntos autores de la comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravada.
Según informó el Poder Judicial, dicha audiencia fue programada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema a partir de las 09:00 horas. La situación jurídica de los cuatro procesados es comparecencia con restricciones.
ACUSACIÓN. Los exparlamentarios citados y el exasesor están acusados de haber intentado, presuntamente, “comprar” votos para evitar la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
En enero de 2020, la fiscal suprema Bersabeth Revilla acusó a los excongresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, y al exasesor Alexéi Toledo.
Según la tesis fiscal, el hermano de la lideresa de Fuerza Popular ofreció su ayuda al expresidente Pedro Pablo Kuczynski para que este otorgue el indulto humanitario a su padre, Alberto Fujimori, lo que se llevó a cabo el 24 de diciembre del 2017.
A los implicados les atribuyen haber ofrecido prebendas a los excongresistas Moisés Mamani, Modesto Figueroa y Humberto Ticlla para acceder a obras y proyectos estatales a cambio de evitar la vacancia de Kuczynski.
En esa línea, el Ministerio Público pidió una pena de 12 años de prisión para Kenji Fujimori, Bocángel y Alexei Toledo, así como la inhabilitación de estos para el ejercicio de la función pública por un periodo de 183 meses, lo que es igual a 15 años y tres meses.
En tanto, para Bienvenido Ramírez solicitó 11 años de pena privativa de la libertad y una suspensión de 172 meses para cargo público.
Además, solicitó una reparación civil de 130,000 soles para Fujimori y Bocángel, 117,000 soles para Ramírez y 82,500 soles para Alexei Toledo.
En setiembre del 2020, el juez de investigación preparatoria Hugo Núñez, dictó 18 meses de impedimento de salida del país para los cuatro procesados; sin embargo, en noviembre de ese mismo año, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema revocó dicha orden, pero confirmó la comparecencia con restricciones.