En audiencia virtual desarrollado ayer en la tarde, el juez Samuel Cabanillas Catalán del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pillco Marca declaró infundado el requerimiento de cesación de la prisión preventiva por 36 meses presentado por la defensa técnica del investigado Romel Alvarado Loarte, quien está recluido en el penal de Potracancha.
Al fundamentar la resolución, el magistrado explicó que el abogado no aportó nuevos elementos de convicción que obliga a variar la decisión inicial dictada en junio del presente año por la entonces juez Merari Trujillo Padilla, por lo que no era posible aceptar el pedido, y Romel Alvarado debe seguir en prisión cumpliendo la medida coercitiva al igual que su tío Juan Manuel Alvarado Cornelio, sus sobrinos Inés Rosa y Juan Lenón Alvarado Modesto, investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y colusión agravada.
PEDIDO. El 20 de noviembre a través de mesa de partes, el abogado Rolin Céspedes Roldan presentó la solicitud de cesación de la prisión preventiva dictada mediante resolución n° 89 el 13 de junio del 2023 y solicita la variación de la medida por comparecencia simple o restricciones sujetas a reglas de conducta. En el documento que consta de 182 páginas, el letrado expone jurisprudencias de casos similares y del porque deberían variar la condición del detenido.
En el escrito hacen referencia a lo declarado por el testigo protegido n° 001-2020, donde brinda información sobre los acuerdos y contrataciones con el Estado que logró la familia Alvarado e incluso el otorgamiento de la buena pro llegó a otras regiones. En su descargo, Juan Romel Alvarado, dice que el testigo protegido hasta la fecha no ha presentado ninguna evidencia que respalda su declaración, por lo que considera que son afirmación que carecen de sustento.
En el punto dos del descargo, indica que hasta el momento la fiscalía y el testigo protegido no individualiza en que obra o proceso fue beneficiada su empresa Chinchaysuyo que, según indica tiene 15 años trabajando en el rubro de las construcciones. También hace referencia al audio que tiene con Graciela Alcedo Guillermo, quien era gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Huánuco, donde según él hablan temas generales y no evidencia ningún acuerdo ilícito.
En otra parte del pedido, dijo que en los más de 30 meses que duró la investigación secreta, video vigilancia, interceptaciones telefónicas, entre otras diligencias realizadas por la División de Investigación de Alta Complejidad no encontraron ninguna fotografía que pruebe que Romel Alvarado sostuvo reuniones con funcionarios del gobierno regional o empresarios y personas a quienes habría utilizado como testaferros.
También presentó la carta n° 357-2023 emitida por la Oficina de Administración del Gobierno Regional de Huánuco, donde indica que Romel Alvarado ni la empresa Chinchaysuyo ha participado en ningún proceso de licitación convocado por el gobierno regional en el periodo 2019 al 2022. En los 9 puntos que fueron analizados por el juez, Alvarado Loarte trata de victimizarse al indicar que por ser el sobrino de una ex autoridad está privado de su libertad.
ALGO +
Romel Alvarado junto a otras 53 personas son sindicados de integrar la organización criminal ‘Los negociadores de la Región’ que operó al interior del gobierno regional desde el 2019 al 2022.
