Silvano Espinoza Valdez, peticionante de la vacancia de seis regidores del Concejo Distrital de Amarilis, presentó un recurso de apelación, para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie en última instancia sobre su pedido.
El abogado José Valdez Barrueta, representante del solicitante, manifestó que, el viernes 6 de setiembre la mayoría de integrantes del Concejo Distrital de Amarilis, se pronunció por la improcedencia de la solicitud de vacancia de los seis regidores, que se materializó en seis acuerdos. Los concejales materia del pedido, son: Annie Esther Ysla Bazán, Pedro Pablo Esteban Cajas, Susi Antonia Espinoza Rodríguez, Carlos Ricardo Príncipe Espinoza, Yesmy Antuane Mejía Suarez; y Pedro Guillermo Figueroa Garay.
Reiteró que en criterio de su representado, la causal de ejercicio de funciones o cargos ejecutivos o administrativos, prevista en el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de Municipalidades, no fue esclarecida por la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal de Amarilis, razón por la cual interpuso la apelación, para que el pleno del JNE se pronuncie en definitiva.
Detalló que, en la referida sesión extraordinaria del Concejo Distrital, la mayoría determinó pronunciarse caso por caso, cuando la petición de vacancia era única.
Recordó que el pedido de vacancia se planteó por tres hechos concretos: aprobación de las bases de dos concursos CAS, autorización del viaje de una funcionaria municipal, y visitas de fiscalización de los 6 regidores en grupos de dos, que considera no fueron efectuadas en representación de las comisiones del Concejo Distrital de Amarilis, por los cuales cobraron viáticos sin que ellos se encontrasen en concordancia a los montos.
El abogado Valdez expresó que, en forma inconcebible el 9 de octubre recibió una carta emitida por la gerente de Secretaria General de la Municipalidad de Amarilis, mediante el cual intentaba que efectúe el pago de la tasa de apelación por cada regidor, al que calificó como un despropósito. Dijo que mediante otro documento tuvo que exigir que la funcionaria cumpla con su obligación de elevar el expediente de apelación al JNE.
