Investigan a 17 ex funcionarios del GRH y empresario por supuesto favorecimiento a consorcio

El fiscal Paolo Sánchez Rondón, de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, dispuso iniciar investigación preliminar contra 17 ex funcionarios y profesionales del Gobierno Regional de Huánuco, además de un empresario, por la presunta comisión de los delitos de colusión, relacionado a la obra “mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de agua y desagüe del Centro Poblado de Yuyapichis en Puerto”, durante la gestión de Jorge Espinoza Egoavil.

La denuncia fue presentada por la procuradora pública de la Contraloría General de la República, Héctor Maldonado Montalvo, basado en el Informe de Auditoria n. 710-2015, en el que sustentan varias observaciones sobre la referida obra valorizada en 4 millones 910 mil soles. Ejecutada por el Consorcio V&H.

La imputación que la Fiscalía Anticorrupción dirige es contra la ex directora de Administración del Gobierno Regional de Huánuco, Yesenia Chía Estacio; el ex asesor legal, Alirio Yépez Solis; la ex secretaria, Edelmira Zulma Picón Ruíz; Oscar Alfredo Colmenares Zapata, Ruperto Estuardo García Johnson y Hugo Alberto Patiño Millet quienes pasaron por la Gerencia de Infraestructura.

También contra los ex subgerentes, supervisores y miembros del comité de recepción:  Jaime Alberto Valera Sánchez, Miguel Ángel Espinoza Haro, José Valerio Delgado Fernández,  Pedro Sebastián Maraví Chumpe, Rosa María Quiñonez Castañeda, Esteban Samuel Durán Aguilar, Walter Enrique Coronado Andrade, Edwin Feliciano Remigio Falcón, Marco Antonio Burgos Quiñonez, José Pedro Ismael Quevedo Vela y Neper Garcia Vara.

Además, está incluido en la disposición fiscal el representante legal del Consorcio V&H (integrado por las empresas Winser Contratistas EIRL, Contratistas EIRL, Contratista y Maquinaria S.A. y promotora de la Construcción SRL), ganador de la buena pro.

OBSERVACIONES

El caso viene de octubre del 2010, desde cuando el comité especial presidida por Pícón Ruíz, otorgó la buena pro al Consorcio V&H.

La primera observación señalada en la denuncia es que los entonces funcionarios del gobierno regional Chia Estacio, Yépez Solis y Picón Ruíz; se habrían interesado en favorecer indebidamente al Consorcio V&H, representado por Cabello Calixto, permitiendo que suscriba el contrato de ejecución, pese a que éste no había cumplido los requisitos establecidos.

Presentó una carta fianza de fiel cumplimiento del contrato menor al 10% del monto contractual, y le aceptaron que presente cartas faltantes luego de cuatro días de suscrito el contrato.

Señala el documento que la empresa no presentó la documentación obligatoria exigida en las bases integradas del concurso, para la firma del contrato; además modificaron los términos de la proforma de contrato prevista en las referidas bases; para favorecerlo. Respecto a la carta de fiel cumplimiento, cuando la empresa debió presentar por el monto equivalente al 10% de la suma contractual, le permitieron que lo haga por solo el 4.8%, facilitándole luego de cuatro días que regularice cuando lo que correspondía era la pérdida del otorgamiento de la buena pro.

Otra imputación es que habrían concertado con el contratista para la aprobación del adicional de obra n. 1, que no contaba con sustento. Asimismo se aprobó el adicional de obra n. 4 para el cambio de tipo de planta de tratamiento de aguas residuales que no era necesario, lo que causó: la ejecución de partidas atrasadas, inaplicación de penalidades, mayores gastos generales, pago por partidas no ejecutadas y parcialmente ejecutadas a favor del contratista, generando un perjuicio económico de S/ 1’072,080. En este hecho están comprometidos Valera Sánchez, Espinoza Haro, Delgado Fernández, Patiño Millet, García Johnson, Colmenares Zapata, Maraví Chumbe, Quiñonez Castañeda, Durán Aguilar, Coronado Andrade, Remigio Falcón, Burgos Quiñonez, Quevedo Vela y García Vela; además de Cabello Calixto.

MAS DATOS

La investigación dispuesta a inicios de este mes fue declarada compleja, por lo que establecen un plazo de ocho meses para cumplir con las diversas diligencias, entre ellas, tomar la declaración testimonial de los imputados, durante el mes de febrero próximo.

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