El Poder Judicial declaró fundada la solicitud de la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato para que incluyan a ocho empresas como terceros civilmente responsables en el proceso penal denominado Club de la Construcción.
Se trata de Superconcreto del Perú SAC, Enerjoprojekt Niskograndja SA, Conalvías Construcciones SAS; Obrascon Huarte Lain SA, Constructores y Mineros Contratistas Generales SAC, Concar SA, Aramayo SAC Contratistas Generales (Aramsa) y CAME Contratistas y Servicios Generales SA (Camesa).
De acuerdo con la resolución emitida el 4 de octubre por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, dichas empresas deben ser incorporadas al proceso a fin de que ante una eventual condena, asuman el pago de la reparación civil de manera solidaria junto con los investigados.
Las ocho empresas se suman a otras catorce compañías que ya han sido incluidas en el caso, a solicitud de la Procuraduría ad hoc: Cosapi SA, GyM SA, Obras de Ingeniería SA (Obrainsa), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA (ICCGSA), Construcción y Administración SA (CASA).
También Johe SA, Hidalgo e Hidalgo SA, Constructora Queiroz Galvao SA, Constructora Málaga Hnos. SA, Constructora OAS SA, Mota Engil Perú SA, San Martín Contratistas Generales SA, Grupo Plaza SA y Andrade Gutiérrez Engenharia SA.
Según el Ministerio Público, entre el 2011 y 2014 los representantes de las referidas empresas habrían concertado la distribución de obras a favor de estas compañías. Estos acuerdos se realizaban a cambio del pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Hasta la fecha, el despacho de la procuradora ad hoc Silvana Carrión Ordinola ha embargado bienes y activos por un valor de S/ 214 millones a varios de los investigados y empresas vinculadas al Club de la Construcción.
Los embargos de los bienes y activos se han realizado con el fin de asegurar la futura indemnización que pagarían a favor del Estado.
