Huacrachuco toma como burla el proyecto de riego de 12 localidades

La población de Huacrachuco, capital del distrito y de la provincia de Marañón, expresó su indignación ante los reiterados retrasos y problemas en el proyecto de agua de riego destinado a 12 localidades de la zona. Según el consejero regional Dante Tarazona Reyes, los anuncios del Gobierno Regional son percibidos como una burla, debido a las cuatro licitaciones fallidas: dos durante la gestión anterior y dos en la actual administración de Antonio Pulgar Lucas.

Tarazona detalló que la Contraloría General de la República ha emitido cuatro Informes de Hito de Control sobre el proyecto, revelando diversas irregularidades. El último informe cuestiona la evaluación del expediente técnico, que tuvo un costo de S/ 558,000, pero cuya revisión fue adjudicada por S/ 34,000 a Tony Jorge Cámara Cruz. Este consultor denunció que su firma fue falsificada en los seis informes de evaluación que supuestamente elaboró, y presentó una denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito fiscal de Huánuco.

El malestar en Huacrachuco es profundo, ya que el proyecto había generado grandes expectativas. Con el nuevo informe de la Contraloría, existe la posibilidad de que se anule la aprobación del expediente técnico, lo que implicaría reiniciar el proceso desde cero.

Además, el administrador del contrato de la obra identificó 15 observaciones técnicas tras las licitaciones fallidas, señalando falencias e incompatibilidades. A esto se suman las declaraciones del gobernador regional, quien criticó el proyecto alegando que se trataba de un canal de riego abierto, cuando en realidad contempla el uso de tuberías y la represa de la laguna Chinchaycocha.

Según Tarazona, esto evidencia la falta de voluntad política para atender a la provincia de Marañón.

Sobre el caso, el gerente regional de Infraestructura, Daniel Mallqui Estacio, informó que el abogado de la gerencia ya tomó conocimiento del último informe de la Contraloría. En las próximas horas se decidiría dejar sin efecto la resolución que aprobó el expediente técnico, contratar a un nuevo evaluador o reformular completamente el estudio. La población, por su parte, siente que se ha jugado con una ilusión que lleva más de 15 años gestándose.

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