Gobernador regional formuló denuncia penal por ataque que sufrió en Tingo María

Con fecha 30 de octubre del 2024, el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, planteo una denuncia penal ante la Fiscalía Penal Provincial de Leoncio Prado, contra un grupo de personas; por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios; contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio calificado y contra la administración pública en su figura de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

Los denunciados son: Límber Rodríguez Jara, Elmer Meza Sandoval, Paolo César Orihuela Sanabria, Heber Jhonny Esquivel Asencios, Evelyn Consuelo Urcos Tamara y Lizbeth Fortunata Rada Lloclla, y otros que resulten responsables.

La denuncia del mandatario regional se basa en el ataque que sufrió el 22 de octubre, luego que participó en una reunión sobre la reestructuración del puente Corpac. Pulgar fue agredido por una turba de entre 30 y 40 personas en el frontis de la Municipalidad Provincial de Leoncio. Prado.

Según la denuncia, los individuos, instigados por Rodríguez Jara, llevaron a cabo actos vandálicos que pusieron en peligro la integridad física del gobernador, de su equipo de trabajo y de los agentes de seguridad que lo acompañaban; ya que, utilizando palos y otros objetos contundentes, así profiriendo amenazas de muerte, impidieron que Pulgar pudiera cumplir con sus funciones, causando daños.

El mandatario ha presentado como prueba capturas fotográficas y videos que muestran a los denunciados incitando a la violencia y dirigiendo acciones de disturbio en las cercanías de la municipalidad, poniendo en riesgo no solo su integridad, sino también el normal desarrollo de las actividades gubernamentales.

De acuerdo con el Código Penal, el delito contra la tranquilidad pública, en su modalidad de disturbios, puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de entre seis y ocho años. Por su parte, el delito de homicidio calificado en grado de tentativa conlleva una pena de 25 a 35 años de prisión.

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