El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, dio a conocer que está solicitando la nulidad de la investigación y del informe final emitido por la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República, que concluye señalando que la autoridad regional tendría presunta responsabilidad penal y administrativa en presuntas irregularidades detectadas en cuatro obras públicas, cuyo impacto económico conjunto supera los 54 millones de soles.
La autoridad regional denunció violación flagrante de sus derechos constitucionales y la existencia de graves vicios de ilegalidad orientados a «forzar» un dictamen acusatorio en su contra. «Esto ya se veía venir. Hay un informe que han buscado forzar, pero hay muchas cosas que cuestionar… Voy a pedir la nulidad de este informe porque están buscándole cinco pies al gato», manifestó.
A través de un oficio enviado al Parlamento, la defensa jurídica de Pulgar Lucas fundamentó el pedido de nulidad denunciando que el proceso nació viciado por un evidente conflicto de intereses y adelanto de opinión. El gobernador había solicitado la recusación e inhibición de la congresista Elizabeth Medina, argumentando una «enemistad manifiesta» debido a denuncias mutuas.
De acuerdo con Pulgar, la parlamentaria ha utilizado la investidura de la comisión con fines netamente personales para dañar su imagen. Como prueba del sesgo de la investigación que acusa, la defensa adjuntó las actas oficiales de las sesiones del mes de mayo. En dichos folios quedó registrado que la congresista Medina tildó de «Hitler» al gobernador y afirmó públicamente que existía «incapacidad técnica», «sobreuso de emergencias» y «perjuicio económico». Señala que esas afirmaciones fueron lanzadas mucho antes de que la investigación culminara.
Asimismo, el despacho regional denuncia irregularidades logísticas y metodológicas durante los más de 90 días que duró la indagación. Señala que enviaron pliegos con preguntas capciosas e incriminatorias, prácticas estrictamente prohibidas por el Código Procesal Penal; que el pasado 5 de junio, la comisión denegó a la defensa el acceso a piezas clave del expediente (como el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones) bajo el pretexto de ser «reservado», impidiendo el derecho a la defensa y la igualdad de armas.
Asimismo, que el equipo técnico del Congreso retuvo hasta por 13 días la entrega de los audios y videos de las declaraciones de la autoridad, y se ejecutaron inspecciones de fiscalización en la región sin la presencia obligatoria del presidente de la comisión, violando el propio Manual de Comisiones Investigadoras del Congreso.
«Han tenido 60 días para investigar y ampliaron 30 días más. Soy el único gobernador del Perú que ha tenido el levantamiento del secreto bancario y de mis comunicaciones», manifestó la autoridad regional en una conferencia de prensa.
Resaltó que la fiscalización inició el proceso apuntando a 32 obras paralizadas. Al respecto, reiteró que, de esas, tres son de gestiones anteriores y 29 de gobiernos locales. “En su informe final, la comisión termina concluyendo solo sobre cuatro», dijo
Respecto a las presuntas irregularidades con el Grupo Pérgola S.A.C. en el Centro de Salud de Baños, el gobernador refirió que la comisión tuvo que retirar el caso de sus conclusiones principales porque «no concluyeron su investigación».
Además, Pulgar manifestó que los cuatro casos que menciona el documento ya se encuentran siendo ventilados en el Ministerio Público a raíz de los informes de la Contraloría General de la República. «Concluyen que son procedimientos administrativos en los cuales yo firmé las resoluciones, lo cual es completamente legal; pero que ellos quieran empujar que hay irregularidades, eso es otro tema», fustigó.
Comisión dconcluye que Pulgar tendría responsabilidad penal y administrativa
La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República emitió su informe final tras culminar el periodo de investigación otorgado mediante la Moción de Orden del Día N° 19978. El documento concluye que el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar, tendría presunta responsabilidad penal y administrativa en irregularidades detectadas en cuatro obras públicas, cuyo impacto económico conjunto supera los 54 millones de soles.
El informe recomienda remitir todo lo actuado a la Fiscalía de la Nación para que proceda conforme a sus facultades constitucionales, tras identificar indicios de los delitos de colusión agravada (artículo 384° del Código Penal) y omisión de actos funcionales (artículo 377° del Código Penal).
La comisión investigadora centró su análisis en cuatro proyectos viales y de infraestructura de salud en la región.
Sobre el malecón Walcker Soberón (Pillco Marca), atribuyen al gobernador una presunta autoría mediata en un perjuicio de S/ 51.4 millones, alegando que desoyó alertas de la OCI en noviembre de 2023, aplicando jurídicamente de forma cuestionable los principios de «Deber Residual de Vigilancia» y «Posición de Garante» para anular las firmas delegadas a los directores regionales.
Respecto a la modernización de los servicios institucionales de la sede de la Dirección Regional de Transportes, señala un supuesto sobreprecio de S/ 1.9 millones en la compra de bienes bajo la Resolución Ejecutiva Regional 685-2023.
En el Centro de Salud Estratégico de Baños (Lauricocha), el cuestionamiento es por un adelanto de S/ 7.6 millones a la contratista.
En el caso del Hospital de Tingo María (Leoncio Prado), el informe habla de un perjuicio económico de S/ 1 149 870,14 en el proyecto de adquisición, equipamiento y ejecución de saldo de obra del nosocomio. La vinculación de la autoridad regional se sostiene en la suscripción de la RER N° 494-2023 y la omisión de respuesta ante las notificaciones de los Informes de OCI 013-2024 y 015-2025.
Debido a esto, la comisión ha recomendado remitir lo actuado a la Fiscalía de la Nación bajo la tipificación de presunta colusión agravada y omisión de actos funcionales.
