El Gobierno Regional de Huánuco considera que la región enfrenta una de las amenazas más serias a su sistema de salud en los últimos años, ante las reiteradas advertencias de desalojo del predio de la Beneficencia Pública donde funcionan la sede administrativa de la Dirección Regional de Salud (Diresa) y el Laboratorio Referencial Regional de Salud Pública.
“La situación ha generado preocupación entre trabajadores del sector, autoridades y la población, al poner en riesgo servicios estratégicos para la vigilancia epidemiológica y el diagnóstico oportuno de enfermedades”, señala el ente regional.
Sostiene que la medida judicial, dispuesta por el Juzgado Civil de Huánuco tras una demanda interpuesta por la Beneficencia Pública, podría dejar a la región sin una infraestructura clave para el control sanitario, especialmente frente a enfermedades altamente contagiosas.
Ante este escenario, los trabajadores de la Diresa y los sindicatos del sector Salud iniciaron movilizaciones de protesta, advirtiendo que la ejecución del desalojo paralizaría funciones esenciales para la protección de la salud pública.
Ante esa coyuntura, ayer, el gobernador Antonio Pulgar sostuvo una reunión con los trabajadores de la Diresa y representantes sindicales, con el objetivo de evaluar acciones inmediatas frente a una situación considerada crítica. Durante el encuentro, la autoridad regional expresó su respaldo al personal de salud y asumió el compromiso de gestionar una solución al más alto nivel del Ejecutivo.
Pulgar anunció que realizará gestiones directas ante el presidente de la República, José Jerí, a fin de que se adopten medidas urgentes que permitan salvaguardar el funcionamiento de la Diresa y del laboratorio regional.
Como parte de los acuerdos, se definió la convocatoria a una marcha pacífica en defensa del inmueble y la conformación de una comitiva oficial que viajará a Lima para sostener reuniones con el presidente, la Presidencia del Consejo de Ministros y congresistas.
