Ayer en rueda de prensa, la abogada Giuliana Loza Ávalos, defensora legal del ex gobernador de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio habló sobre la resolución de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional que el pasado 8 de julio, con un voto dirimente de una juez superior revocó la resolución que disponía 36 meses de prisión preventiva para diez de los once investigados por presuntamente integrar la organización criminal “Los Negociadores de la Región”.
Según la abogada, en el caso del ex gobernador de Huánuco, sus hijos, sobrinos y otros investigados por los delitos de organización criminal, colusión agravada y otros, el representante del Ministerio Público debió defender la legalidad y no apartarse de ello. “La sala ha sido muy clara en decir que el fin no justifica los medios, investígame, pero no de esa manera”, dijo la también abogada de Keiko Fugimori, mientras aseguraba que iban estar atentos ante la investigación del órgano de control.
Al ser consultado sobre las prácticas asumidas por la fiscalía para investigar al entonces gobernador regional y su entorno, indicó que la investigación secreta decretada mediante disposiciones no permitió a los investigados (ciudadanos) defenderse. “Nosotros desde el año pasado hemos venido reclamando, ya la jueza el año pasado ordenó a Control Interno que investigue el mal proceder y la Sala Penal Nacional también habló de la muy mal práctica llevado acabo con la familia Alvarado”, manifestó.
Lamentó la intromisión de la política en el sistema de justicia. “La política es muy ajena a la justicia, pero, cuando ambos son mesclados ocurre la perturbación del sistema de justicia”, manifestó. Al ser consultada sobre el caso de las laptops, cuyo proceso está en la etapa intermedia, donde el juez de investigación preparatoria desarrolla la audiencia de control de acusación, indicó que está pidiendo la subsanación de las observaciones a la acusación.
Dijo que su prioridad como abogada es lograr la liberación de Alvarado Cornelio, quien es el único de 9 investigados que cumple prisión preventiva por 36 meses. “Es una decisión que me corresponde asumir directamente con el señor Alvarado Cornelio y una vez hable con él y tomemos la mejor decisión, desde luego el objetivo inmediato para nosotros es lograr su libertad y que vuelva a casa”, declaró.
Aseguró que no desmayará hasta lograr su objetivo que es la liberación del ex gobernador regional. Y al referirse a la acusación de la fiscalía Anticorrupción, dijo que lejos de trámites administrativos, debe probar la colusión, pero según ella hasta el día de hoy no existe ni siquiera un indicio de la supuesta colusión.
ALGO +
La continuación de la audiencia de control de acusación por el caso de las laptops está programada para el 14 de agosto de la 8:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.
