El fiscal provincial César Gonzales Ramos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Huánuco, dispuso no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el gobernador regional Antonio Pulgar y el alcalde provincial Antonio Jara Gallardo, quienes fueron denunciados por presunto delito ambiental en la modalidad de responsabilidad funcional por otorgamiento ilegal de derechos.
El caso se originó tras la denuncia verbal de los dirigentes del Colectivo Ambiental, Octavio Vásquez Camacho y Ernesto Alejandro Estela Livia, quienes cuestionaron la intención de instalar geomembranas en la laguna Viña del Río sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Según los denunciantes, esta intervención afectaría el equilibrio ecológico del cuerpo de agua y eliminaría más de 15,000 m² de áreas verdes alrededor de la laguna.
Sobre el caso, el fiscal Gonzales Ramos solicitó informes técnicos que concluyeron que la Laguna Viña del Río no es un cuerpo de agua natural, sino parte de una infraestructura recreacional alimentada por el río Higueras. Por ello, la ANA no tiene competencia para autorizar obras en la laguna, solo en la captación y faja marginal del río.
Además, el proyecto se encuentra en estado activo y viable desde abril de 2025, pero aún no está en ejecución. Que el consultor del proyecto aseguró que los 144 árboles existentes serán preservados.
La Dirección Desconcentrada de Cultura indicó que la laguna no es patrimonio cultural ni paisajístico, aunque de aprobarse el expediente técnico deberá contar con un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR).
La perito ambiental forense del Ministerio Público precisó que los peritajes se aplican a obras ejecutadas y no a proyectos en fase documental, por lo que no es posible emitir un juicio técnico sobre un perfil aún no materializado.
Tras el análisis, la Fiscalía determinó que los cargos atribuidos al gobernador y al alcalde resultan atípicos, ya que no se corroboró técnicamente una afectación ambiental permanente ni se evidenció ejecución de obras que generen daño real. En consecuencia, la investigación fue archivada.
La decisión cierra un proceso que había generado debate ciudadano sobre la protección de la laguna Viña del Río y el impacto de proyectos urbanos en el medio ambiente de Huánuco.
