La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó al exministro del Interior Mariano González para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos, tras su salida del cargo. El saliente ministro González señaló que acudirá a la citación formulada por el Ministerio Público, así como a las propuestas por el Congreso para dar a conocer su versión de los hechos.
Como es de conocimiento público, luego que juró como nuevo ministro del Interior Willy Huerta; González dijo tener la «convicción» de que su salida se debía a la creación del equipo especial de la Policía Nacional que iba a colaborar con la fiscal Marita Barreto.
En esa línea pidió garantías para el equipo especial de la PNP y que estará pendiente de que no ocurra nada contra los miembros. «Creo que el señor Castillo obstruye a la justicia, porque los agentes de inteligencia especializados busquen a los prófugos y, obviamente, por razones que la ciudadanía debe conocer», mencionó Mariano González.
En tanto, ayer, el general en retiro de la Policía Nacional César Manuel Vallejos Mori presentó su renuncia irrevocable al cargo de director general de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimint), luego de la salida de Mariano González del Mininter.
En una carta, dirigida a Willy Arturo Huerta Olivas, nuevo ministro del Interior, indicó que decidió aceptar la dirección de la Digimint con el objetivo de «combatir de manera radical a la delincuencia común y a la criminalidad organizada que tanto daño hace al país». Calificó de lamentable la decisión del Jefe del Estado de remover de su cargo a González, sin justificación de valor alguna.
Sobre este suceso, la Comisión Permanente del Congreso sesionará este jueves 21 de julio. Así se conoció por disposición de la primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones.
En la agenda de este órgano parlamentario figura el debate de diversos dictámenes, pero también se tiene previsto tratar las denuncias que ha dado a conocer el exministro del Interior, Mariano González, sobre una presunta obstrucción a la justicia por parte del presidente Pedro Castillo.
