Por presunto aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias
La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra la ministra de Cultura, Betssy Chávez, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado, relacionados a la presunta contratación de allegados en cargos en el Estado.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso que la investigación preliminar que inició su despacho a la ministra Betssy Chavez por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado se lleve a cabo dentro de un plazo de 60 días.
La magistrada adopto esta medida tras la difusión de un reportaje emitido por el programa periodístico Cuarto Poder en el que se da cuenta sobre presuntas irregularidades detectadas en la contratación en cargos en el estado de dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante a quien se vincula sentimentalmente con la titular de Cultura.
Ante ello, La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, determinó que se lleven a cabo una serie de diligencias para establecer las responsabilidades del caso como recibir próximamente la declaración indagatoria de la ministra Betssy Chávez, de Abel Sotelo Villa y sus familiares implicados as como requerir información a varias entidades del estado, entre otras.
Sobre el tema, Betssy Chávez, rechazó las acusaciones periodísticas que señalan que contrató a sus allegados para cargos públicos, un hecho por el cual la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar en su contra por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo y tráfico de influencias agravado.
«Recalcó que ningún familiar mío cercano o lejano ha sido beneficiado con designación de ningún tipo. De igual manera, todas las contrataciones efectuadas en mi despacho congresal han sido debidamente filtradas por las oficinas de Recursos Humanos del Congreso de la República y se enmarcan en la ley», aseguró en un comunicado.
Dijo que como legisladora y ministra de Estado no puede hacerse responsable «de los supuestos actos u omisiones de funcionarios». «Menos de los que no corresponden a mi sector», remarcó.
