El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola y el ministro de Trabajo, contra Alfonso Adrianzén; como presunto instigador y autor, respectivamente, de la comisión del delito de colusión agravada. El caso también incluye a Carola Gisella Rodríguez Bringas, como presunta cómplice de dicho delito.
Esta investigación se da por la contratación de su excuñada, Carola Gisella Rodríguez Bringas, como asesora del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con un sueldo de 15500 soles. Esta revelación fue dada a conocer en el semanario «Hildebrandt en sus Trece».
Otárola designó a Adrianzén como su jefe del gabinete de asesores. Luego, al pasar como primer ministro, lo nombró como su secretario general, cargo en el que se quedó hasta el 13 de enero.
El premier colocaría a Adrianzén para desempeñarse como ministro de Trabajo en reemplazo de Eduardo García, quien renunció en protesta por las muertes registradas como consecuencia de los enfrentamientos durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
Alberto Otárola negó que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio de Trabajo y negó haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez. «Prestaré toda mi colaboración para que el asunto se aclare», indicó.
Por su parte, el ministro Alfonso Adrianzén aseguró que la contratación de su asesora ya fue explicada, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía. «Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del premier para designarla, a diferencia de otras oportunidades, en esta gestión no hay delincuentes», escribió en su Twitter.
Alberto Otárola afronta, además, otra investigación en la Fiscalía por el presunto delito de genocidio junto a la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Por este caso ya fue a declarar el pasado 23 de enero.