El fiscal Virgilio Iván Carrión Cabrera, de la Fiscalía de Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, dispuso formalizar y continuar la investigación preparatoria por el caso de la presunta irregular adquisición de 7995 laptops, lo que habría generado un perjuicio económico de S/ 23 225 490.04 al Estado. Como parte de ello planteó requerir prisión preventiva por 18 meses en contra del gobernador regional, Juan Alvarado Cornelio, por la presunta comisión de colusión agravada.
El mismo pedido se extiende para Luz Janeth Rodríguez Ramos, ex gerente regional de Desarrollo Social; Luis Bedregal Gonzales, gerente general de la empresa Pomme Corporativo S.R.L., y Darwin Frank Campos Soto, especialista en desarrollo de sistemas. Todos, considerados como presuntos autores.
El fiscal requiere, además, comparecencia con restricciones para los considerados presuntos cómplices del delito: Limber Garcia Tafur, ex técnico administrativo en la Unidad de Almacén, y para el ex gerente general regional, Luis Augusto Briceño Jara, quien actualmente se desempeña como consultor FAG en la gestión de Alvarado.
Mientras que de los otros seis implicados sin coerción personal, cinco de los investigados, por el mismo delito, son: Bertha Ada Gonzales Soto, actual subgerente de Desarrollo Institucional y Sistemas; Fredy Hernando Najera Valentin, abogado especialista en la oficina regional de Asesoría Jurídica; Eden Kaid Lavado Loarte, ex director regional de Asesoría Jurídica; Diego Hugo Bances Ballon, apoderado de la Lenovo. Además, está Luis Felipe Serna Acosta, representante legal del grupo Deltron S.A., quien a diferencia de los otros imputados, habría incurrido en el delito de falsa declaración en el procedimiento administrativo.
La investigación preparatoria fue declarada compleja, para el cual requirieron un plazo de ocho meses; ello, a fin de recabar y valorar la declaración de los imputados y de aquellos servidores públicos que hayan participado en algún momento del proceso de adquisición. Otro aspecto resaltante del requerimiento fiscal es la disposición del levantamiento del secreto de comunicaciones de los once investigados, desde agosto del 2019 hasta la actualidad.
Tal determinación fue puesta en conocimiento del juzgado de investigación preparatoria, cuyo responsable, ante el requerimiento concreto, decidiría fecha para la exposición de los presupuestos procesales, a fin de decidir si acepta o rechaza la solicitud de prisión preventiva, siempre y cuando el fiscal asegure el riesgo de fuga y la obstaculización de las investigaciones o, en todo caso, un medio de prueba contundente de la comisión del delito. La disposición fiscal fue emitida el 24 de febrero.
CASO. A finales del 2021, la Contraloría General de la República, a través del informe de auditoría n°29224-2021-CG/GRHC-AC consideró a Juan Alvarado y a siete de sus funcionarios como presuntos responsables de la adquisición irregular de 7995 laptops, lo cual habría generado un perjuicio económico de S/ 23 225 490.04 al Estado. Tras la valoración de la fiscalía, el número de involucrados sube a once, seis de ellos hasta el momento no cuentan con abogado defensor.
Según el documento, la ejecución del mencionado proyecto inició a través de la subgerencia de Desarrollo Humano e Inversión Social, que para el inicio del proceso de adjudicación solicitó opinión técnica a la gerencia de Desarrollo Institucional y Sistemas, a cargo de Ada Gonzales, quien, a consideración de la fiscalía consignó sin justificación dos programas adicionales para las laptops a adquirir, las cuales coinciden exclusivamente con la marca Lenovo; ello y la no incorporación de las modificaciones al aplicativo del Invierte.pe, configura para la fiscalía un claro direccionamiento. A Gonzales, se le atribuye además la no emisión de la opinión técnica.
Este hecho, también fue advertido por el programador del PAC, Edilberto Espinoza, al jefe de la oficina de Logística, quien consideró la contratación de los mencionados equipos como una barrera de libre acceso a la pluralidad de los postores y marcas. Esta observación, fue minimizada por Augusto Vásquez Solis, quien le informó a la entonces gerente de Desarrollo Social, Luz Rodríguez, que no existía ninguna barrera. La observación continuó en la vía administrativa e, incluso, el director de Logística y Servicios Auxiliares, David Martel, señaló que, la publicación de la orden de compra electrónica no fue posible debido a que la empresa HP y PC Market S.A.C. observaron las fichas por ser de una sola marca.
No habiendo logrando su cometido en la etapa antes mencionada, el 2 de diciembre del 2019, con una celeridad inusitada, los investigados Luz Rodríguez y Darwin Campos, elaboraron y suscribieron el informe técnico de estandarización del bien, la misma que fue validada por Ada Gonzales, para luego ser remitida al área de asesoría jurídica, presidida por Eden Lavado, quien, a su vez, sin hacer observación alguna derivó el informe a Fredy Najera, para su atención y respuesta, este último derivó automáticamente la resolución de aprobación del informe técnico de estandarización del bien a la Secretaría General, expidiendo así la Resolución Ejecutiva Regional n° 897-2019-GRH/GR.
Estos indicios, tanto para la Contraloría General de la República, como para el Ministerio Público, muestran un claro nivel de concertación. Las irregularidades que se aprecian para la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional n° 897-2019-GRH/GR, se incrementan cuando se verifica que, la entidad cuenta con un Manual de Procedimiento Administrativos desde el 2016, el cual también fue incumplido.
Por su parte, Luis Briceño, previo a la emisión y visación de la Resolución Ejecutiva Regional N° 897-2019 GRH/GR, a solicitud de la entonces funcionaria Luz Rodríguez tampoco observó la falta del informe con opinión por parte de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mucho menos solicitó opinión técnica a otras áreas. El error de sus funcionarios, fue repetido por Juan Alvarado, quien autorizó la formalización del acto resolutivo.
Para el Ministerio Público, el Gobierno Regional de Huánuco, recibió computadoras portátiles que fueron adulteradas y que, en relación al número de partes fueron ensambladas, transgrediendo el marco normativo de contrataciones, y ocasionando perjuicio económico a la totalidad del importe pagado, que ascendió a S/ 21 114 081.85 soles.
Sumando a estas irregularidades, se tiene que, al recepcionar las computadoras sin la totalidad de los programas requeridos, le correspondía a la entidad aplicar la penalidad por cada día de retraso injustificado y la cual se debió dar automáticamente hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto contratado: S/ 2′111. 408 19.
En consecuencia, señala el documento, estos equipos de cómputo de la marca Lenovo, no reunían criterios técnicos que hagan imprescindible su utilización, ya que la finalidad del proyecto fue la formación pedagógica de docentes y no eran necesarios los programas descritos en la estandarización software educativo. Dicha situación, a apreciación del fiscal generó un perjuicio patrimonial al Gobierno Regional de Huánuco de S/ 5 23 225,490.04.
Con respecto a la documentación presuntamente falsa que habría entregado Darwin Campos Soto para hacerse del cargo de Especialista en Desarrollo de Sistemas de Información del Gobierno Regional Huánuco, el fiscal Carrión Cabrera, dispuso que, la Contraloría le remita la documentación pertinente.
