El gobernador Antonio Pulgar exigió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que la provincia de Puerto Inca sea declarada en estado de emergencia ambiental debido a los graves impactos de la minería ilegal, actividad que viene generando deforestación, contaminación de ríos y deterioro de ecosistemas amazónicos.
El pedido fue planteado durante la reunión sostenida ayer con el equipo del Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal de la PCM, en la que participaron los alcaldes provinciales de Puerto Inca y Leoncio Prado, así como el alcalde distrital de Yuyapichis. En la cita, Pulgar exigió la adopción de medidas urgentes, como la interdicción inmediata, demanda que recibió el respaldo unánime de las autoridades.
El alcalde de Yuyapichis, Eric Modena López, advirtió que la presencia de minería mecanizada en su distrito está afectando de manera crítica los recursos hídricos y la biodiversidad. “Las comunidades nativas, como Nuevo Unidos de Tahuantinsuyo y sus nueve sectores, son las más perjudicadas por la minería ilegal”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Leoncio Prado, Marx Fuentes Reynoso, cuestionó la autorización del Gobierno Central para realizar exploraciones mineras en zonas de bosque amazónico y alertó que estas actividades ponen en riesgo las cabeceras de agua.
En respuesta, anunció que se trabaja en la declaratoria de Leoncio Prado como zona turística, agrícola y ecológica, con el objetivo de frenar el avance de la minería. “No vamos a aceptar la incursión minera en nuestro territorio”, afirmó.
