El grupo de ex funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), implicados en el proceso judicial por el pago de una falsa valorización de avance de la “construcción de infraestructura y equipamiento de la institución educativa integrada de Cashapampa, distrito de Monzón”; registran otras investigaciones.
Según la acusación de la fiscal Anticorrupción, Luz Sánchez Figueroa, el ex gerente de Administración, Carlos Villegas Talledo, registra otras seis investigaciones por la presunta comisión de delitos contra la administración pública. De la misma manera, el ex gerente de Infraestructura, José Valerio Delgado Fernández, tiene nueve procesos; y el subgerente de Supervisión y Liquidación, Jaime Alberto Valera Sánchez, por lo menos una investigación más.
El representante de la empresa Casas Ingenieros Contratistas SAC Luis Eladio Casas Santillán, también comprendido en el proceso del caso Cashapampa como cómplice de colusión agravada, igualmente registra otras cuatro investigaciones.
En el juicio por el colegio de Cashpampa, los ex funcionarios, además de Oscar Alejandro Díaz Cubas (residente de obras), son acusados por el Ministerio Público de haber defraudado al Gorehco, al concertar con “el propósito criminal de beneficiar a la empresa constructora con el pago de 328 mil 758 soles”.
El caso se remonta a diciembre del 2011, cuando la empresa Casas Ingenieros Contratistas SAC construía la nueva infraestructura de la referida institución educativa, a razón del contrato firmado el 15 de diciembre del 2010 por 3 millones 905 mil 291.667 soles.
El desembolso ilegal de más 328 mil soles se efectivizó el 23 de febrero del 2012, cuando la obra se encontraba paralizada desde el 20 de diciembre del 2011 y por trabajos que no existieron (La empresa Casas Ingenieros abandonó los trabajos luego de recibir 2 millones 863 mil 577 soles y dejando solo un avance físico de 9.83 %).
Por esos hechos, la fiscal Sánchez Figueróa, planteo para los implicados entre 12 y 16 años de cárcel como presuntos autores de la comisión de los delitos de colusión agravada, falsedad ideológica y falsificación de documentos. En tanto, la Procuraduría Anticorrupción, solicita como reparación civil y del daño extrapatrimonial la suma de 324 mil soles.
