Considerando que se ve afectado en su derecho a la defensa, al no admitir medios de prueba a su favor para la etapa de juicio oral en el proceso que le siguen por la demanda de abuso de autoridad que le interpuso el exdiputado Horacio Cánepa Torre; el ex alcalde de Amarilis, Robinson Aguirre Casimiro, interpuso una queja ante la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, contra el magistrado Luis Iván Aguirre Antonio de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, quien atendió el caso en la etapa intermedia.
Además, en su escrito señala que el indicado juez “impulsó de manera sospechosa el caso para que en el término de 48 horas se realice el juzgamiento por un juez unipersonal, habiendo tantos casos que por años no tienen atención”.
“No importa que me manden a la cárcel pero que sé con un proceso justo, porque no me están procesando por delincuente, por ladrón o corrupción; sino por abrir calles en La Esperanzara para habilitar el sistema de agua y desagüe en bien de los pobladores de la zona”, manifestó el exedil.
En el documento, Aguirre, señala que fue concluida la etapa intermedia del proceso con la emisión del auto enjuiciamiento, sin la admisión de medios de prueba a su favor para la etapa del juicio oral. “Estoy yendo a un juicio sin armas, mientras que a Cánepa tiene todo a su favor”, dijo.
Sostuvo que los medios de prueba al que se refiere son las declaraciones del procurador municipal de Amarilis quien acredita con una ordenanza municipal que el área intervenida es de dominio público; también del entonces alcalde de La Esperanza y del operador del cargador frontal que testifica que él no fue quien dio la orden para romper el muro de ladrillo.
Dijo que el argumento para que no le admitan sus pruebas es que no presentó dentro del plazo establecido, pero hay jurisprudencia que las pruebas deben valorarse ya que por encima de todo está el derecho a la defensa
En el 2017, Cánepa Torre, interpuso una demanda contra el entonces alcalde de Amarilis, Robinson Aguirre y del gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Wilmer Noly Jesús Valle, por abuso de autoridad, allanamiento ilegal de domicilio, usurpación y daños agravados, luego que fue demolido parte del cerco perimétrico de la vivienda del ex diputado, porque en criterio de la comuna el predio ocupaba parte de la vía pública del centro poblado La Esperanza.
