La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato informó que el Estado peruano ha cobrado la suma de S/ 39.6 millones por concepto de la reparación civil de José Alejandro Graña Miró Quesada, exdirectivo de la antigua empresa Graña y Montero.
El dinero ingresó a las cuentas de la Procuraduría General del Estado y se sumó a los S/ 300 mil que el empresario pagó inicialmente como caución judicial en noviembre de 2021.
Sin embargo, por una reciente orden del juez Richard Concepción Carhuancho, dicho pago pasará a formar parte de la reparación civil del exdirectivo a favor del Estado.
De esta manera, Graña Miró Quesada ha cumplido con cancelar la totalidad de los S/ 39.9 millones que se pactaron en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la Procuraduría Ad Hoc y el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, convenio que fue aprobado por el Poder Judicial el 12 de diciembre de 2022.
Para la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, este es un hecho de gran relevancia para la defensa jurídica del Estado en su lucha contra la corrupción y la impunidad.
El acuerdo de colaboración eficaz con Graña Miró Quesada permite obtener valiosa información, documentos y testimonios respecto a seis carpetas fiscales: el caso “Club de la Construcción” y los procesos vinculados a los proyectos Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur Tramos 2 y 3, IIRSA Norte, Vía Expresa Sur y Línea 1 del Metro de Lima.
