La oficina de la Defensoría del Pueblo de Huánuco saludó la aprobación del Plan Regional Anticorrupción de Huánuco 2022, que permitirá el seguimiento de casos emblemáticos de corrupción en la región a cargo del presidente de la Junta de Fiscales, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y la Gerencia Regional de Control de Huánuco. Además, dispone acciones para la promoción de mecanismos de denuncia de actos de corrupción y medidas de protección para denunciantes.
Otras de las actividades más resaltantes que presenta el plan son charlas sobre prevención de la corrupción en coordinación con los gestores de los tambos en los distritos más pobres de la región; campañas de sensibilización dirigidas a estudiantes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, empresarios y ciudadanía en general, así como una feria Informativa sobre los mecanismos de denuncias en casos de corrupción.
Según la Defensoría del Pueblo, fue una recomendación de esa entidad para que en el 2021 se reactive este espacio de vital importancia en la lucha contra la corrupción, que estuvo inactivo todo el 2020. Es a partir de ello que se desarrollaron reuniones frecuentes que han permitido identificar dificultades en el sistema de justicia, logrando que se implementen un nuevo despacho fiscal para casos de corrupción que ha propiciado dar mayor celeridad a las investigaciones.
La aprobación del plan estuvo a cargo de los miembros de la Comisión Regional Anticorrupción de Huánuco (CRAH) integrada, entre otros, por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, el presidente de la Junta de Fiscales, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Policía Nacional del Perú, la Contraloría General de la República, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, el Gobierno Regional, y representantes de la sociedad civil.
La Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso en la lucha contra la corrupción y recuerda a la ciudadanía que tienen derecho a solicitar medidas de protección como la reserva de identidad cuando denuncien hechos irregulares ante la administración pública.
