El jefe de la División de Orden Público y Seguridad de la Región Policial Huánuco, coronel PNP Edgar Portocarrero Damacen, informó que un equipo especial de la Policía está realizando la búsqueda del ex gobernador regional Juan Alvarado Cornelio, quien está prófugo de la justicia desde el 25 de marzo del año en curso, luego que el juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses.
Ante la pregunta de que si existía la posibilidad de incluir a la ex autoridad en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, el oficial dijo que están considerando, pero aún esperan que la Sala Penal de Apelaciones resuelva el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del investigado por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio del Gobierno Regional de Huánuco.
Asimismo, el oficial indicó que el equipo especial está realizando la orientación de esfuerzo y búsqueda del ex mandatario regional. Dicha afirmación, lo hizo al final de la conferencia de prensa que brindó en el auditorio del complejo policial Santa Rosa de Lima, ubicado en la cuadra cinco del jirón Constitución, donde dio a conocer las intervenciones realizadas por la Policía.
ORDEN DE CAPTURA. Luego de seis días de audiencias, en el que el fiscal Iván Carrión Cabrera, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, expuso los elementos de convicción que vinculan al gobernador regional y otras tres personas en la irregular compra de las 7995 laptops, el juez declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses.
Tras el desarrollo de la audiencia virtual, dispuso la ubicación y captura de Alvarado Cornelio, del empresario Luis Bedregal Gonzáles, los ex funcionarios Luz Janeth Rodríguez Ramos y Darwin Frank Campos Soto.
Luego de la lectura de la resolución, a la fecha; el único que decidió ponerse a derecho o entregarse a la justicia es el ex asistente de sistemas del Gobierno Regional de Huánuco, Darwin Campos Soto, quien dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia con la finalidad que el caso sea esclarecido. “Mi verdad es que yo no participé en casi nada del proceso de compra, soy un técnico más y al técnico lo están enviando a prisión como si fuese importante”, dijo a los diversos medios de comunicación que aguardaban su llegada en la puerta de la Corte Superior de Justicia Huánuco.
CASO LAPTOPS. El pedido de prisión preventiva contra el gobernador regional y otras tres personas estuvo basado en el informe de auditoría número 29224-2021, que indica que funcionarios de la entidad habrían direccionado la adquisición para que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes. Además, el informe señala que las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de su entrega a los docentes, fueron reensambladas, esto debido que cambiaron los discos duros de 256 gigabytes (GB), que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte).
Asimismo, las laptops habrían sido adulteradas porque cambiaron el número de placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas de la orden de compra emitida por el gobierno regional. Los once funcionarios implicados en el caso, dieron la conformidad a la recepción de 7 995 computadoras portátiles, a pesar de que no fueron entregadas con todos los programas de cómputo solicitados y faltaban 104 equipos de cómputo.
Según la fiscalía, los responsables transgredieron la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectó la correcta contratación pública y la transparencia en el uso de los recursos públicos, situación que generó un perjuicio económico de 23 225 490,04 al Estado representado por el Gobierno Regional de Huánuco.
ALGO MÁS
Para hoy a las 8:30 de la mañana está programado la audiencia de comparecencia con restricciones para Limber García Tafur y Luis Augusto Briceño Jara, implicados en el caso por la misma presunta comisión de colusión agravada.
