Según información difundida por el diario La República, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) cortó vínculo laboral con 120 profesionales de la Procuraduría Anticorrupción, institución encargada de defender los intereses del Estado peruano en los casos de corrupción a nivel nacional.
Según la información, son abogados y especialistas que atienden miles de casos de corrupción de funcionarios en el ámbito de Gobierno Nacional, Regional y Local, y que conforman los equipos de la Procuraduría Anticorrupción ubicados en la sede central en Lima y en las 37 sedes descentralizadas.
En la lista, aparecen también tres trabajadores de la Procuraduría Descentralizada Anticorrupción de Huánuco. Se trata de dos abogados y el apoyo legal quienes tenían contratos por terceros.
Según La República, los profesionales laboran bajo el régimen de “órdenes de servicio” que se renuevan periódicamente. La última venció en el 31 de marzo y desde entonces quedaron en el aire. La respuesta que han recibido del Minjus es que no se trata de una contratación para preservar la vida, salud y salubridad de la población. Les ofrecieron que los les volverán a convocar cuando pase la emergencia.
El procurador anticorrupción, Amado Enco, aseguró que esta decisión vulnera y pone en riesgo la operatividad de la Procuraduría Anticorrupción .
El Minjus precisó que los mencionados 120 trabajadores eran prestadores de servicios, ya que laboraban bajo la modalidad de terceros. El sector dirigido por Fernando Castañeda expresó que no tiene “ningún afán de querer perjudicar» a sus trabajadores ni a la lucha contra la corrupción.
