Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda Segovia, hermano y abogado de la jefa de Estado Dina Boluarte, respectivamente; además de otros investigados, fueron detenidos preliminarmente por 10 días, por la Diviac y el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficoop); por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal.
La detención preliminar fue dispuesta por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, cuya disposición da cuenta de los presuntos delitos que habrían cometido los detenidos y cómo se habría configurado la referida organización criminal que estaría liderada por el hermano de la jefa de Estado.
Según el documento judicial, Nicanor Boluarte, estaría implicado en el delito de tráfico de influencias referido a cuatro hechos: influencias para la recolección de firmas en fichas de afiliación en la región San Martín, influencias para la designación de subprefectos para financiar red criminal y lograr recolección de firmas para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú, en la región Cajamarca, e influencias ilícitas para designación de cargos en entidades del Estado.
Además, estaría implicado en «actos corruptivos de Mateo Castañeda Segovia para neutralizar investigaciones» en su contra.
«[…] investido del poder de facto otorgado por su hermana (…), habría instrumentalizado el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca y otros por determinar, con la finalidad de hacerse de dádivas económicas mediante su influencia ilícita en la designación de estos funcionarios políticos, representantes del Poder Ejecutivo, y también, obligar a estos a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones», señala parte del documento sobre la presunta organización criminal que lideraría Nicanor Boluarte.
Además, señala que mediante el abogado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, se habría buscado «captar a miembros clave del Equipo Fiscal, con la finalidad de neutralizar la persecución penal» a Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios indebidos al Coordinador General del Equipo Especial de la PNP en apoyo al Eficoop y otro miembro cercano a este (…), con la finalidad de lograr la continuidad del poder en una eventual contienda electoral».
«La finalidad de esta organización criminal sería la de copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas», resalta la investigación del Eficoop.
Según la Fiscalía, la supuesta organización criminal habría iniciado sus operaciones «inmediatamente después de que Dina Boluarte asumiera como Presidenta de la República, esto es el 07 de diciembre del 2022». Ejemplo de ello es que el “grupo de confianza” de Dina Boluarte, según el Eficoop, «procuró solicitar dinero a Teodoro Berrú Zurita para que asuma una subprefectura de Lima, puesto que quien manejaba esas designaciones era Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra, eventos que hasta el estadio de la presente investigación continuaría desarrollándose».
Para lograr los supuestos objetivos criminales, Nicanor Boluarte habría copado «la Dirección General del Gobierno del Interior del Ministerio del Interior, y la Dirección de Autoridades Políticas de dicho ministerio, a través de las designaciones ilegales de Subprefectos, a cambio de una ventaja o beneficio económico en favor de la organización criminal, y para la recolección de firmas para la inscripción de Ciudadanos por el Perú.
Asimismo, la Fiscalía indica que Nicanor Boluarte habría ejercido influencias, a través de Víctor Hugo Torres Merino -personaje que habría obtenido contratos por más de 35 mil soles en el Midis como «capacitador en gimnasia laboral»- para que Juan José Enciso Torres asumiera la dirección ejecutiva de Provías Descentralizado.
En cuanto a los hechos que involucran a Mateo Castañeda, abogado de Dina Boluarte, la Fiscalía señala que «el 06 de febrero del 2024, procuró neutralizar las investigaciones contra Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios de protección desde la más alta investidura a los coordinadores policiales que apoyan al Equipo Fiscal, para que comuniquen cualquier información contra este y su entorno más cercano».
