Mediante un oficio dirigido a la titular del Congreso, María del Carmen Alva, el Gobierno indicó que, al retirar la rectoría del Ministerio de Educación sobre la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, dejándola acéfala, la autógrafa es contraproducente para la implementación de esta.
Según remarcó, resulta imprescindible que haya una única estrategia y un horizonte claro respecto de un tema tan fundamental para el desarrollo del país, como el tema universitario.
De igual forma, advierte que la autógrafa parte de la suposición errónea de que la Ley N° 30220 (Ley Universitaria) supone una violación, amenaza cierta o inminente vulneración a la autonomía universitaria, ya que, por el contrario, la reconoce y desarrolla en extenso sus dimensiones (régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico), en estricta concordancia con el artículo 18 de la Constitución.
Recuerda, además que la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), establece que es iniciativa del Poder Ejecutivo la creación y disolución de organismos públicos como la Sunedu, y establece que todas las entidades públicas deber estar adscritas a un ministerio.
«En consecuencia, la autógrafa de ley es contraria al bloque de constitucionalidad, en tanto que mediante ella el Poder Legislativo extingue a la Sunedu como organismo técnico especializado, crea una Sunedu como una categoría distinta (además de inexistente en la LOPE como lo es un «ente autónomo») y retira la adscripción de Sunedu al Minedu», detalla el oficio.
De esta manera, añade, al invadir competencias exclusivas del Poder Ejecutivo, la autógrafa de ley, en tanto iniciativa del Congreso, también vulnera los principios constitucionales de separación de poderes y de competencia.
Para el Ejecutivo, la autógrafa afecta el ámbito de actuación de la Sunedu y el rol del Estado de garantizar la calidad de la educación superior, pues ya no tendría potestad para aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de facultades, escuelas y programas, que quedarían exentas de control de calidad, y de aprobar condiciones básicas de calidad, en detrimento del derecho constitucional de la población.
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En adición, advierte que la autógrafa atenta contra la imparcialidad objetiva, autonomía e independencia funcional de la Sunedu, al incorporar a tres miembros en su consejo directivo que representan directamente los intereses de los sujetos regulados.
