En conferencia de prensa, el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Unheval), liderado por su secretario general, Sebastián Campos Meza, exigió a las autoridades universitarias dar pleno cumplimiento a la Ley N.° 32680 —promulgada el pasado 2 de julio de 2026—, la cual dispone la promoción automática de categoría para los docentes que cumplen con los requisitos legales.
Campos Meza informó que, ante la inacción del gobierno universitario, presentó una carta notarial dirigida al rector de la Unheval para exigir la inmediata convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, órgano competente para emitir el pronunciamiento y la resolución oficial definitiva.
El dirigente sindical precisó que un total de 274 docentes universitarios han superado las evaluaciones rigurosas en sus respectivas facultades. Dichos expedientes cuentan con la aprobación previa de los Comités de Evaluación y de los Consejos de Facultad correspondientes, habiendo sido derivados al Consejo Universitario para su ratificación final.
A pesar de que el pasado 30 de septiembre se aprobó la relación actualizada de docentes ratificados para la promoción, la alta dirección aún no ha emitido la resolución institucional formal que especifique nombres, apellidos, facultad, categoría y condición de los beneficiarios, muchos de los cuales esperan este ascenso desde hace más de 15 años.
El secretario general remarcó la urgencia de emitir la resolución, dado que el impacto económico de las promociones debe ser incorporado en el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio fiscal 2027.
«El tiempo apremia para que el máximo órgano de gobierno emita la resolución correspondiente; de lo contrario, se corre el riesgo de no consolidar la partida presupuestal requerida para el próximo año», advirtió Campos Meza.
Finalmente, el representante sindical enfatizó que la aplicación de la Ley N.° 32680 acabará con años de «controlismo» y condicionamiento político hacia la plana docente durante los procesos electorales internos, garantizando el respeto al mérito académico y la dignidad profesional en la casa de estudios.
