Anoche, en las instalaciones del auditorio del Colegio de Ingenieros de Huánuco, diez organizaciones políticas que participan en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 suscribieron el Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La ceremonia protocolar fue presidida por el pleno del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, encabezado por Jorge Carrillo Rodríguez, y contó con la presencia de la gran mayoría de postulantes al gobierno regional.
Entre los firmantes figuraron los candidatos a gobernador Rosendo Serna Román, del movimiento regional Unidos por el Desarrollo de Huánuco, y Sergio Príncipe Ildefonso, de Huánuco Primero.
Asimismo, suscribieron el documento los aspirantes de partidos políticos nacionales: Miguel Meza Malpartida (Alianza para el Progreso), Antonio Robles Jara (Ahora Nación), Fortunato Ramos Lavado (Libertad Popular), Robinson Aguirre Casimiro (Somos Perú), Rosalí Leandro Tarazona (País para Todos) y Enrique Pulgar Lucas (Perú Primero).
En el caso de dos agrupaciones, el compromiso fue asumido por sus candidatos a la vicegobernación: Denesy Palacios Jiménez, por Podemos Perú, y Daniel Fabián Ramos, por el Frepap; sumándose además la firma de otros representantes políticos en nueve de las organizaciones presentes.
Durante su discurso, el presidente del JEE de Huánuco, Jorge Carrillo Rodríguez, formuló un vehemente llamado a las agrupaciones políticas y a sus aspirantes para mantener el respeto prioritario hacia la ciudadanía durante la campaña y honrar cada uno de los compromisos de honor asumidos.
ACTA. El acta suscrita contempla diez acuerdos fundamentales orientados a garantizar una contienda pacífica y democrática. En primer lugar, los candidatos se comprometieron a mantener el respeto mutuo conforme a los valores democráticos y constitucionales, rechazando la violencia, amenazas, actos vandálicos, prejuicios o ataques personales y colectivos.
Asimismo, acordaron transparentar de manera oportuna sus ingresos y gastos de campaña, además de garantizar la neutralidad de los funcionarios públicos, absteniéndose de solicitar, promover o aprovechar indebidamente recursos, bienes, personal u obras públicas a favor de sus candidaturas.
El documento también establece el absoluto respeto al sistema electoral y a sus autoridades, desestimando cualquier conducta que pretenda el abuso del derecho, e insta a desarrollar campañas basadas en la veracidad mediante la previa verificación de la información que compartan candidatos, afiliados y simpatizantes.
De igual modo, los firmantes asumieron el compromiso de promover una participación en igualdad y no discriminación, fomentando la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y pueblos indígenas, a la par de prevenir, rechazar y erradicar toda forma de acoso o violencia política.
Finalmente, el acuerdo contempla la participación activa en los debates organizados por el JNE para la confrontación de ideas programáticas sin agresiones, el reconocimiento a la labor fiscalizadora del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, y el respeto a los resultados oficiales y la actuación de las autoridades electorales, salvaguardando el derecho a impugnar únicamente bajo los canales legales y el principio de la buena fe.
