El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dispuso 18 meses de prisión preventiva en contra del expresidente Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Para el extitular del Gabinete Ministerial, Anibal Torres, se le impuso la medida comparecencia con restricciones.
El juez Juan Carlos Checkley Soria, encargado de dirigir la sesión, dió lectura a la resolución del pedido de la Fiscalía.
En la audiencia, la Fiscalía argumentó que existe flagrancia en el delito que se le imputa al exmandatario, ya que e llamó a las Fuerzas Armadas a cumplir las disposiciones que había adoptado al momento de decretar el fallido golpe de Estado.
Sobre el peligro procesal, el representante del Ministerio Público, contempló la intención de fugarse al momento de dirigirse a la Embajada de México. Sobre este particular, Italo Díaz, abogado de Castillo, sustentó que el exmandatario no pretendía asilarse en México. Dijo que el embajador Ebrard le ofreció asilo, pero su defendido en ningún momento lo había solicitado.
En tanto, Duberlí Rodríguez, abogado de Aníbal Torres, fue en esa misma línea y señaló que la Fiscalía no posee evidencias de que su defendido se haya levantado en armas y que no hay indicios de su participación en el fallido golpe de Estado.
