El titular de la Dirección Regional de Educación Huánuco, Rosendo Serna Román, hizo de cocimiento público los hechos irregulares que estarían suscitándose en la Institución Educativa Padre Abad de la ciudad de Tingo María en la provincia de Leoncio Prado. Dijo que los directores (miembros de la comunidad cristiana Franciscana) están cobrando por el servicio educativo que brindan a los alumnos en el turno de la mañana.
Detalló que por el servicio diferenciado, incluso, habrían estado exigiendo el pago de 160 soles.
Serna Roman reiteró que, tanto la matrícula cómo los servicios educativos son gratuitas en las instituciones educativas públicas de Huánuco y del país. Esta problemática fue puesta a conocimiento del director de Educación, gracias a los maestros y alumnos del plantel, quienes denunciaron que, a partir del presente año lo promotores eligieron que, en las mañanas estudien los niños que pagan mensualidad y en la tardes aquellos que no lo hacen.
Tras conocer los hechos, la Dirección Regional de Educación Huánuco emitió una resolución mediante el cual asegura que cautelaran el derecho de los más de mil alumnos a una educación gratuita. «Ahí vamos a poner orden. Hemos hablado con el obispo para que él interceda y se entable una mesa de diálogo», dijo Serna, quien, adelantó que, de no llegar a una acuerdo continuarán con una controversia legal y administrativa en contra de los promotores de la institución educativa.
Entre los aspectos por el cual no se dejará que la institución educativa continúe cobrando una pensión a los padres de familia, es porque, a la fecha, la Dirección Regional de Educación Huánuco continúa pagando el sueldo de los docentes, del personal administrativo e incluso de los servicios básicos y del mantenimiento de locales. Además, entregan del material educativo. Serna Román aclaró que, la congregación solo se dedica a la administración de la institución educativa.
El funcionario resaltó que los docentes nombrados le manifestaron que, al interior de la administración existe un trato discriminatorio e impositivo a los nombrados de parte de los que pretenden iniciar el proceso de privatización. «Por la pandemia no se nota con claridad el problema. Si no estuviéramos en estas circunstancias, ya sería un conflicto social», dijo.
