El pasado 11 de septiembre, la Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis, representada por Juan Carlos Espinoza Beraún, presentó una denuncia penal contra el Gobierno Regional de Huánuco por presuntos delitos relacionados con la administración y uso del Complejo Deportivo de Paucarbamba.
Durante una conferencia de prensa ofrecida ayer, los dirigentes de la asociación señalaron que el Gobierno Regional continúa utilizando el complejo deportivo sin contar con autorización vigente, basándose únicamente en un convenio suscrito entre el 10 de diciembre de 2013 y el 10 de diciembre de 2018. Según un documento emitido por Abraham Faustino Cuadrado, actual presidente del Consejo Regional del Deporte de Huánuco, no existe autorización posterior que respalde dicha administración.
La denuncia penal solicita la apertura de una investigación preliminar contra el gobernador regional Antonio Pulgar Lucas y los funcionarios involucrados, así como la aplicación de medidas cautelares para evitar nuevas autorizaciones ilegales. También se pide determinar responsabilidades penales y funcionales, remitir el caso a la Procuraduría Pública para que se constituya en parte civil, y disponer la supervisión del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
Los denunciantes afirman que, desde el año 2024, el Gobierno Regional ha alquilado el complejo para actividades no deportivas como festivales, ferias, conciertos y celebraciones religiosas, sin contar con convenio vigente ni facultad legal para disponer del bien público.
Asimismo, revelaron que mediante la Carta N° 2860-2025-GRH-GGR/OACGD, emitida por la Gerencia General del Gobierno Regional, se detalla el listado de personas naturales y jurídicas a quienes se alquiló el complejo, junto con los montos cobrados por cada evento. Según la asociación, estos ingresos han generado consecuencias negativas como venta y consumo masivo de bebidas alcohólicas, vandalismo, robos, daños a la infraestructura deportiva y propiedad privada, contaminación sonora y ambiental, y afectación directa al Hospital Materno Infantil «Carlos Showing Ferrari» y a los vecinos del sector.
Entre los delitos que se atribuyen al gobernador regional figuran: peculado de uso, utilización de bienes públicos para fines ajenos al servicio, colusión agravada, concertación para obtener beneficios económicos indebidos, omisión de funciones, perturbación de la tranquilidad pública, negociación incompatible, interés indebido en actos administrativos, afectación a la salud pública, y autorización sin competencia ni sustento legal.
Por otro lado, la asociación también denunció a la Municipalidad Distrital de Amarilis por presunta recaudación ilegal de arbitrios, según lo señala un informe de la Contraloría General de la República. En ese sentido, exigieron la devolución de los cobros efectuados a los contribuyentes del distrito.
