“En los primeros seis meses de gestión, los resultados alcanzados son tan escasos, como preocupantes, al extremo que los huanuqueños creemos que el gobernador regional y el alcalde provincial de Huánuco no saben en qué planeta viven”, expresó Rodolfo Espinoza Zevallos, decano del Colegio de Abogados de Huánuco.
Recordó que la campaña electoral ya termino y que las visitas con diversos ofrecimientos ya no corresponden, motivo por el cual deberían dedicarse a mejorar la gestión, que es deficiente, con muchos errores, a pesar de que ambas entidades están llenas de funcionarios y de trabajadores.
Critico la falta de capacidad de gasto de la gestión regional que termina perjudicando a Huánuco, como ocurre con el Decreto de Urgencia N° 020-2023, mediante la cual el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió 700 millones de soles para ser distribuidos entre los gobiernos regionales que hubiesen gastado más del 15% de su presupuesto de inversiones, para impulsar el gasto público en el marco del proceso de reactivación económica a nivel regional. El Gobierno Regional de Huánuco no está en la lista de 20 gobiernos regionales que se beneficiarán con estos recursos, por cuanto no alcanzó ni siquiera el 12.5% de ejecución presupuestal en inversiones.
Dijo que por el lado de la Municipalidad Provincial de Huánuco, su inacción también lleva a poner en riesgo la inversión de 300 millones de soles en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, porque hasta la fecha no se garantiza el terreno para su implementación, lo que llevaría a que la Cooperación Alemana no efectué la inversión.
Espinoza informó que el miércoles pasado se reunieron los decanos de los colegios profesionales con los dirigentes de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco e integrantes del Frente Patriótico con la finalidad de analizar la situación actual, habiéndose generado una gran preocupación por el escaso porcentaje de ejecución presupuestaria en el rubro de inversiones del Gobierno Regional de Huánuco, pese a las necesidades de obras que se tienen en el departamento.
Dijo que en consenso con las organizaciones sociales, se acordó darle plazo hasta diciembre al Gobierno Regional, para que enmienda su incapacidad de gasto.
Advirtió que de no corregir tal situación, el gobernador regional o el alcalde provincial, entonces ya deberá tomarse en cuenta que la ciudadanía tiene el derecho a la revocatoria de sus autoridades que puede aplicarse a partir del segundo año de la gestión.
