El constitucionalista Omar Cairo consideró que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo debe ser archivada, al señalar que es un error. Dijo que la fiscal no ha presentado la denuncia para pedir que el Congreso habilite la acusación ante el Poder Judicial, sino para que el Congreso la autorice a iniciar investigación preparatoria.
«Y es un error producto del ímpetu o del entusiasmo, porque el Congreso no tiene la competencia para autorizar el inicio de investigaciones preparatorias», sostuvo el constitucionalista.
Indicó, además, que la denuncia es por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión agravada, los cuales no están contemplados en el artículo 117 de la Constitución para acusar a un presidente en funciones.
«Se pretende afirmar que la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas permite darle un color diferente al artículo 117, pero el artículo 30, inciso 2, de la convención dice que los Estados están obligados a adoptar medidas de conformidad con su ordenamiento constitucional, o sea remite al 117», explicó.
La convención, añadió, no dice hagan lo que el 117 no dice. «Es imposible interpretar el 117 de manera distinta a su literalidad, no puede haber excepciones», puntualizó Cairo.
Con todo ello, el constitucionalista refirió que la denuncia de la fiscal se debe archivar. «No se puede hacer lo que ella pretende, y si se pudiera es impertinente para este caso», indicó.
En tanto, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, informó que presentarán una solicitud de tutela de derechos tras la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el jefe del Estado. Recordó que un mandatario en funciones solo sería objeto de acusación constitucional por cuatro causales, pero estas no están consideradas dentro de la denuncia de la fiscal.
En su opinión, el Congreso no puede ni siquiera dar trámite a una denuncia de origen manifiestamente improcedente.
