Los consejeros regionales Dante Tarazona Reyes (Marañón) y Olchese Tarazona Gonzales (Huánuco), reafirmaron su posición frente a Roger Álvaro Mendoza Castillo, director regional de Transportes y Comunicaciones, asegurando que no hay motivos para retractarse de sus comentarios tras la inspección realizada en La Pedrosa, en el centro poblado La Esperanza, donde se encuentra la planta asfaltadora y la chancadora.
Ambos consejeros, al recibir la carta notarial, respondieron a través de la mesa de partes de la DRTC. En su escrito, reiteraron que no rectificarán sus declaraciones, ya que estas se basan en constataciones realizadas durante su labor de fiscalización. En su visita, evidenciaron que maquinaria y vehículos permanecen expuestos a la intemperie y sin uso desde aproximadamente noviembre, lo que para ellos constituye un estado de abandono o desprotección.
Dante Tarazona subrayó que, aunque algunas máquinas deben estar al aire libre, la principal preocupación radica en la falta de uso. Consideró que el futuro empleo de los equipos es otro tema que no está en debate. Además, afirmó que la exigencia del director de la DRTC, expresada en la carta notarial, representa un intento de obstaculizar la labor de fiscalización.
Por su parte, Olchese Tarazona cuestionó la reacción del director de Transportes, quien, en lugar de atender el llamado a la calma, envió una carta notarial que, según el consejero, carece de sentido común. Asimismo, enfatizó que el pedido de retractación pública es infundado, ya que en ningún momento han vertido afirmaciones falsas que afecten la honorabilidad de Mendoza Castillo o cualquier otro aspecto.
Ante esta situación, los consejeros hicieron un llamado a la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y otras entidades competentes para que tomen cartas en el asunto.
Finalmente, alertaron sobre un antecedente relevante en el alquiler de maquinaria y servicios que la DRTC pretende implementar. Mencionaron la resolución de Indecopi que sancionó al Gobierno Regional de Tacna con una multa de 700 UNIT, tras determinar que el alquiler de sus maquinarias constituía un acto de competencia desleal.
