En sesión del consejo del 14 de mayo de este año, el consejero regional por la provincia de Ambo, Roberto Arrieta Janampa, planteó la remoción del procurador público regional del Gobierno Regional de Huánuco, Juan Carlos Nolorve Rojas, a “razón de que viene demostrando una conducta intrusiva y obstaculizadora, al negarse a implementar los acuerdos que el consejo regional aprueba dentro de su función fiscalizadora”.
Por acuerdo con voto mayoritario, tal pedido fue derivado el 01 de junio a la comisión ordinaria de planeamiento, presupuesto, acondicionamiento territorial y asuntos legales del Consejo Regional que preside Pedro Iban Albornoz Ortega; lo que está pendiente de pronunciamiento.
En el documento hacen mención que mediante Resolución Ejecutiva Regional n° 016-2019 del 1 de enero del 2019 fue designado de manera excepcional y temporal el abogado Juan Carlos Nolorve Rojas, en el cargo de procurador público regional del Gobierno Regional de Huánuco, hasta que se proceda al nombramiento del procurador titular por concurso público de méritos.
Como parte de los considerando del planteamiento, dan cuenta que por acuerdo de Concejo Regional del 6 de mayo de este año, acordaron remitir todos los actuados a la Procuraduría General del Estado a efectos que tome conocimiento sobre la conducta intrusiva y obstaculizadora del procurador publico regional al negarse a implementar los acuerdos que el consejo regional aprueba dentro de su función fiscalizadora; y que solicita informes al consejo, cuando su despacho podría realizarlo ante los entes correspondientes, incluso otorgando plazos que está fuera de contexto.
Además, con otro acuerdo del 7 de mayo, también decidieron informar a la misma instancia que la referida procuraduría solicitó informes el Consejo Regional, de normas que en ningún momento fueron observados por el ejecutivo regional, tal es el caso de la Ordenanza Regional n° 013-2019, relacionado al cálculo de derechos laborales de trabajadores y docentes en base a la remuneración total mensual.
Finalmente, sobre la acusación de conducta intrusiva, señalan que en su informe n° 199-2021 del 14 de mayo de este año, el procurador regional se refirió a las competencias del Consejo Regional indicando que la actuación de los consejeros regionales debe enmarcarse dentro del principio de legalidad, así como la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; y que la fiscalización se ejerce con arreglo a los principios de gestión pública regional.
