Congreso gastó por gusto S/ 200 mil en elaboración de informe sobre elecciones generales 2021

El Pleno del Congreso no aprobó los informes en mayoría y en minoría de la comisión multipartidaria que investigó las presuntas irregularidades en las elecciones generales 2021 de las que resultó ganador el actual presidente Pedro Castillo. La elaboración de dicho documento costó más de S/ 200.000 al Estado peruano.

Con 55 votos en contra, 42 votos a favor y 15 abstenciones, el informe de mayoría, elaborado del congresista Jorge Montoya, fue enviado al archivo por la representación nacional. Mientras que el informe en minoría suscrito por la congresista Sigrid Bazán obtuvo 49 votos en contra, 45 a favor y 17 abstenciones.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que al no obtener los votos requeridos para su aprobación, ambos informes pasan al archivo.

Durante el debate, Montoya sostuvo que la investigación reveló un fraude al momento de calificar las candidaturas del presidente Pedro Castillo, de la vicepresidenta Dina Boluarte, así como del expresidente Martín Vizcarra.

“Lo que hemos encontrado en palabras llanas son los actos que se cometieron previos al inicio del proceso electoral, o sea en la parte de la inscripción y la calificación de los candidatos, allí fue el fraude a las leyes”, afirmó.

Sobre los observadores internacional que respaldaron la labor de los organismos electorales nacionales como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Montoya señaló que los observadores solo verifican que el proceso se lleve con tranquilidad.

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A su turno, Bazán afirmó que “claramente no ha existido fraude electoral”, como sostienen organizaciones políticas que fueron derrotadas en las elecciones.

Asimismo, enfatizó que no tiene sentido poner en duda un proceso electoral que pone en cuestión la propia presencia de los actuales parlamentarios.

El informe halló una “presunta responsabilidad penal” en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, y en la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de la función pública.

Asimismo, recomendaba que se denuncie constitucional y penalmente al titular del JNE y a la fiscal de la Nación, así como a varios funcionarios del organismo electoral.

ALGO +

La legisladora Sigrid Bazán criticó que la conclusión del informe final en mayoría sea trasladar la investigación al Ministerio Público.

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