El viernes 12 de septiembre, a las 10:02 a.m., se presentó una denuncia formal contra el director ejecutivo de Provías Nacional, David Fernando Mayorga Lizárraga, y contra quienes resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377 del Código Penal.
Así lo informó Hernán Cajusol Chepe, decano del Colegio de Abogados de Huánuco, quien indicó que la denuncia fue autorizada por el pleno de su Junta Directiva.
En los fundamentos de la denuncia, se señala que Provías Nacional —entidad encargada del mantenimiento de la red vial nacional— ha incumplido sus funciones, especialmente en el tramo de la Carretera Central entre Chicrín y Tingo María.
Según el documento, esta vía se encuentra en estado de abandono desde hace varios años, lo que ha provocado el deterioro total de la capa asfáltica y ha generado sectores intransitables, con frecuentes accidentes de tránsito, pérdidas humanas, daños materiales incalculables y afectaciones al transporte, turismo y economía regional.
También se advierte que esta situación perjudica a regiones como San Martín y Ucayali, que dependen de esta vía para su conexión terrestre.
Ante esta problemática, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones emitió la Resolución Ministerial N° 515-2025-MTC, publicada en el diario oficial El Peruano, declarando en emergencia el servicio de transporte terrestre en dos tramos específicos: del Km 149+200 al Km 210+000 de la Ruta Nacional PE-3N (Chicrín – Ambo), y del Km 25+200 al Km 65+000 de la Ruta Nacional PE-18A (Puente Rancho).
Sin embargo, según el Colegio de Abogados, Provías Nacional ha ignorado el mandato contenido en dicha resolución, actuando como si la emergencia no existiera. Se denuncia que no se han tomado medidas urgentes ni se ha iniciado intervención alguna, lo que resulta especialmente grave ante la proximidad de la temporada de lluvias, que podría ser utilizada como excusa para postergar aún más los trabajos.
Por ello, se sostiene que Provías Nacional estaría incurriendo en el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, el cual contempla una pena privativa de libertad no mayor de dos años y una multa de 30 a 60 días.
Finalmente, el decano Cajusol Chepe precisó que, dado que la declaración de emergencia involucra al departamento de Huánuco, la jurisdicción competente para investigar la denuncia será la ciudad de Huánuco.
