El Ministerio Público informó que inició una investigación preliminar contra la congresista de Fuerza Popular, María del Pilar Cordero Jon Tay, como presunta autora del delito de concusión, por los supuestos recortes irregulares a los sueldos que habría realizado a los trabajadores de su despacho.
La Fiscalía de la Nación también dio cuenta del inició una investigación preliminar contra la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez Calle, acusada de haber cometido el delito de concusión, por los presuntos recortes irregulares de los sueldos que habría realizado a trabajadores de su despacho.
Ellas dos se suman a la lista de otras tres parlamentarias en funciones que vienen siendo investigadas por el mismo ilícito. Las otras son: Magaly Ruiz (APP), Rosio Torres (APP) y Katy Ugarte (no agrupada).
La primera denuncia fue contra la integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruíz. Carlos Marina, extrabajador del Congreso de la República, fue quien reveló este hecho.
El exfuncionario y comunicador denunció haber sido condicionado en su etapa laboral a realizar pagos a terceros cada mes por la suma de 1.500 soles como aporte “voluntario” para causas humanitarias. Comentó que la entrega del dinero era entregada en efectivo y al entonces asesor principal de la parlamentaria, Jhonny Romero.
En el caso de Rosio Torres, según reveló el dominical “Punto Final”, al menos cinco empleados o exempleados de su despacho depositaron parte de sus salarios a dos cuentas bancarias a nombre del sobrino de la congresista, Juan Daniel Pérez Guerra.
Sobre Katy Ugarte, un reportaje de Cuarto Poder reveló que trabajadores del despacho la legisladora, que llegó al Parlamento con Perú Libre, denunciaron que fueron obligados a aportar parte de su sueldo. Estos entregaban entre 200 y 300 soles de sus haberes a la bolsa, y los asesores 400, hasta llegar a los dos mil soles.
En tanto, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, denunció a Heidy Juarez, por el presunto recorte de sueldo de sus trabajadores. Un semanario reveló que los sueldos de cuatro trabajadores de su despacho eran recortados y entregados a un intermediario quien, según los denunciantes, fue identificado como Miguel Chafloque.
En el más reciente caso, de María Cordero, la bancada Fuerza Popular pidió a la Comisión de Ética del Congreso que actúe de oficio, por los presuntos cobros irregulares a sus trabajadores.
