Por segundo día consecutivo, el fiscal Iván Carrión Cabrera de la fiscalía Anticorrupción y policías de la Dirección Contra la Corrupción Huánuco, ayer, realizaron parte de la diligencia de allanamiento con descerraje y registro domiciliario de los funcionarios y exfuncionarios investigados por la compra presuntamente irregular de 7995 laptops por parte del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco).
Desde las 10:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche de ayer, los investigadores permanecieron en la oficina de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, ubicado en la sede del Gobierno Regional de Huánuco, en el jirón Calicanto n° 145, en Amarilis.
Respecto a la diligencia, Tu Diario pudo conocer que la madrugada del 6 de marzo cuando policías y fiscales llegaron a la oficina de Desarrollo Social, no pudieron ejecutar el allanamiento porque en la resolución número 2 emitida por el juez Elmer Contreras Campos del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco, no estaban resumidas las características de dicha gerencia.
Hasta que el juez subsane las observaciones, la Gerencia Regional de Desarrolla Social fue lacrada con la finalidad que ninguna persona ingrese a dicha oficina ubicada en el primer piso, y es así, que ayer por casi once horas, los investigadores incautaron un CPU, 2 laptops, diversos documentos relacionados a la compra de las computadoras portátiles, entre otros; los cuales fueron puestas en seis cajas. Fuentes policiales informaron que el fiscal también dispuso la incautación de documentos que eran propuestas económicas de diversos procesos, las cuales no deberían estar en dicha oficina.
Después del último allanamiento, todo lo incautado en las casas de Huánuco, Lima y Puno será deslacrado para ser analizado y visualizado cada uno de los documentos, celulares, discos duros, USBs, laptops, tablets, entre otros. Luego, la Policía realizará un consolidado que será remitido a la fiscalía a cargo del caso para ser validado y de ser el caso, usado como elementos de convicción en la audiencia de prisión preventiva que está solicitando el Ministerio Público para cuatro personas, entre ellos para el gobernador Juan Alvarado, investigados por la presunta comisión de colusión agravada.
ALLANAMIENTOS. A pedido de la fiscalía, el juez declaró fundado el requerimiento de descerraje, allanamiento, registro de los inmuebles en la investigación por el caso de las laptops. Los inmuebles allanados en simultáneo en Huánuco, Lima y Puno desde las 3:00 de la madrugada del 6 de marzo están ubicadas en el jirón 28 de Julio n° 491 inmueble de seis pisos de propiedad del gobernador Juan Alvarado Cornelio; también llegaron al jirón Daniel Alcides Carrión Mz. B Lte. 11 en Pillco Marca, donde radica Luz Janeth Rodríguez Ramos.
Darwin Frank Campos Soto vive en un inmueble de tres pisos ubicado en la calle Las Almendras Mz. F Lte. 48, en Amarilis; Luis Augusto Briceño Jara vivía en dos casas diferentes ubicadas en Las Palmeras Mz. C Lt. 11 y el Jr. Catorce de Agosto n° 280, ambos ubicados en el distrito de Amarilis; Luis Bedregal Gonzáles vive la urbanización Chanu Chanu Mz. N Lte. 11 Primera Etapa, ubicado en el distrito y provincia de Puno; la oficina de la persona jurídica Grupo Deltrón, ubicada en la calle Raúl Rebagliati n° 170, urbanización Santa Catalina, distrito La Victoria, Lima.
CASO. La investigación de la Contraloría de la República está resumida en 15 tomos, en el que intervinieron ingenieros de sistemas, abogados y auditores, quienes revisaron uno a uno los documentos, órdenes de compra, oficios, memorándums, etc., relacionado al proyecto de inversión denominado: “Mejoramiento de los servicios pedagógicos de la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación Huánuco” del Gobierno Regional de Huánuco que consistió en la compra de 7995 computadoras portátiles a la empresa Pomme Corporativo SRL.
Según el informe, Juan Alvarado Cornelio, Luz Rodríguez Ramos, Luis Briceño Jara, Ada Gonzáles Soto, Limber García Tafur, Eden Kaid Lavado Loarte, Fredy Hernando Nájera Valentín, Luis Felipe Serna Acosta, Diego Hugo Bances Ballon y Luis Bedregal Gonzáles habrían direccionado la compra y que las laptops sean de una determinada marca y modelo, sin tener los equipamientos preexistentes.
Las computadoras fueron importadas con diferentes características a las requeridas y antes de ser entregadas a los docentes, fueron reensambladas, esto debido que el peritaje determinó que reemplazaron los discos duros de 256 gigabytes (GB) que eran de fábrica, por otros de mayor capacidad de almacenamiento (1 terabyte) requerida en la orden de compra. Asimismo, las computadoras fueron adulteradas, esto debido que cambiaron el número de la placa base del ordenador con la finalidad de que cumpla con las características requeridas.
