En la sesión ordinaria del Consejo Regional de Huánuco celebrada el pasado viernes, se aprobó la creación del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana. Su constitución y administración estarán a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, la cual deberá cumplir, en la medida de sus posibilidades, las funciones del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana en el ámbito regional de Huánuco, en coordinación con la Dirección General de Información para la Seguridad del Ministerio del Interior.
Elfer Romero Bobadilla, secretario técnico del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de Huánuco, estuvo a cargo de la sustentación técnica sobre la importancia y los alcances del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana. Señaló que, de acuerdo con las normas vigentes, seguirán los lineamientos establecidos por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana a través de la Dirección General de Información para la Seguridad, para la implementación, administración y desarrollo de la información sobre seguridad ciudadana que produzcan los observatorios regionales en sus provincias y distritos.
El siguiente paso tras la creación oficial del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana es el lanzamiento de un portal web. Este portal será una herramienta integral para la recopilación y publicación de datos, permitiendo que se convierta en un centro que, además de mostrar cifras sobre inseguridad, violencia y delitos, empoderará a la comunidad y a los responsables de la toma de decisiones.
No proporcionaron detalles adicionales sobre el funcionamiento del Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana. Se espera que esté a cargo de un experto en seguridad ciudadana, preferiblemente un alto oficial en situación de retiro con el visto bueno de la Policía Nacional del Perú.
También deberían integrarlo representantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, dada la información sensible que manejará el observatorio. Se enfatizó la necesidad de evitar la politización de este organismo, ya que esto podría alejar a las entidades públicas con jurisdicción en seguridad ciudadana.
