La Procuraduría Anticorrupción Descentralizada de Huánuco que atiende la abogada Krupskaia Beraún Aguirre, formuló denuncia penal ante la fiscalía anticorrupción sobre el caso de la infraestructura educativa en la localidad de Andabamba, distrito de Pillco Marca que fue dejada inconclusa por la constructora Inversiones en Ti Jesús, de propiedad
de Juan Alvarado Modesto, hijo del gobernador regional de Huánuco.
La acusación por indicios de la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, es contra quienes resulten responsables.
La denuncia fue planteada luego que la Contraloría General hizo público que identificó perjuicio económico como consecuencia de irregularidades en la obra de “mejoramiento de la institución educativa pública integrada n°. 32271 de la localidad de Andabamba”, ejecutado entre los años 2019 y 2020 por la empresa Inversiones En Ti Jesús SAC, y que en la actualidad sigue inconclusa.
Según el órgano de control, tres funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca que financió la obra, tendrían responsabilidad administrativa y penal.
Un informe de control específico reveló que funcionarios de la entidad edil favorecieron al contratista al otorgar conformidad por la ejecución total de la obra y solicitaron la conformación del comité para la recepción, a pesar que la obra se encontraba en un 93.71% de avance físico. Esta situación conllevó a la aplicación inexacta de penalidades por el retraso injustificado, debido a que el plazo de culminación de la ejecución contractual fue el 28 de diciembre de 2019, fecha en que la obra se encontraba inconclusa.
El informe de control, en el que está basada la denuncia, comprendió el periodo del 17 de enero de 2019 al 31 de enero de 2020.
Ampliación de plazo
Según los documentos, el 26 de diciembre del 2018, a días de culminar la gestión del entonces alcalde Alejandro Codeso, suscribió el contrato de licitación pública con Inversiones En Ti Jesús SAC gerenciado por Juan Alvarado Modesto, para el “Mejoramiento de la oferta de los servicios educativos para el logro del aprendizaje establecido en el diseño curricular por niveles en la institución educativa pública integrada N° 32271 de la localidad de Andabamba” por S/3’037,534.05.
El plazo de ejecución inicial fue de 240 días, pero la comuna consideró ampliaciones de plazo a 346 días calendarios para la culminación de la obra, computados desde el 17 de enero de 2019 hasta el 28 de diciembre de 2019, fecha en que el contratista registro en el cuaderno de obra, la culminación de la misma. En este particular, el órgano de control detectó una irregularidad, debido a que la entidad aprobó la ampliación de plazo nº1 por ocho calendarios, a pesar que el contratista presentó la solicitud sin contar con el sustento técnico y fuera del plazo establecido. Este hecho no permitió el cobro de la penalidad por el retraso injustificado por el monto de S/67, 500.80.
El informe detalla que estos hechos se originaron por el accionar consciente y voluntario del representante legal la supervisión de obra, sub gerente de obras y liquidaciones, gerente de infraestructura y de desarrollo territorial y gerente de asesoría jurídica, quienes emitieron su opinión favorable para otorgar dicha ampliación de plazo ilegal.
Valorización final
La denuncia relata que el 28 de diciembre del 2019, plazo de culminación de la ejecución, la obra se encontraba inconclusa. Muy a pesar de ello, el residente de obra consigno en el cuaderno de obra, que se culminó el 100% de las partidas contractuales. Asimismo, el supervisor de obra, solicitó la conformación del comité de recepción, lo que fue designado el 9 de enero de 2020.
El mencionado comité de recepción de obra, según el acta de verificación del 22 de enero de 2020, advirtió que la obra se encontró parcialmente ejecutada, con un avance real del 93.71%; evidenciándose un saldo pendiente de ejecución de obra, que correspondía al 6.29% de la ejecuci6n total de la obra.
“Lo expuesto, conlleva a una determinada inaplicación de penalidades por días de retraso en la obra. Que, en la valorización nº 9 presentada por el contratista, se evidencio que
contenía documentación faltante e incluso se presentaron información correspondiente a la valorización de obra n.8, es decir de noviembre de 2019”, señala el documento.
Precisa que lo expuesto, no fue advertido por Wilder Efraín Bonilla Sosa, en su calidad
de jefe de supervisión de obra; tampoco por Washington Cisneros Ambrosio, en su
calidad de representante legal del consorcio supervisor de la obra; ni por Abdiel Domiciano Moreno Rojas, quien en ese entonces era el gerente de infraestructura. Esta presunta colusión, causó un perjuicio económico de 855,937.84 soles a la comuna distrital.
