Mediante una auditoría practicada el año pasado por el Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Salud Huánuco, lograron determinar que un grupo de funcionarios y servidores del Hospital de Tingo María incurrieron en presuntos actos de corrupción en la construcción de un pozo tubular para el hospital de contingencia, por lo que fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía Especializada por la procuradora Anticorrupción, Krupskaia Beraún Aguirre.
Se trata de la directora de administración, Jenny Cárdenas Saldaña; jefe de logística, José Guanillo Upiachihua; jefe de la unidad de servicios generales, Luis Alvarado Ríos; responsable del área de adquisiciones, Fredy Ruíz Sánchez y el presidente del comité especial de adjudicaciones, Roberto León Pozo; a quienes los acusan de cometer el delito de negociación incompatible.
El hecho ocurrió en el 2015. A todos ellos, los acusan de haber fraccionado de manera ilegal en cuatro componentes el expediente técnico de “Instalación del pozo tubular para el aprovechamiento de aguas subterráneas del hospital de contingencia de Tingo María”, que ya estaba aprobado como único.
La denuncia señala que deliberadamente realizaron cuatro procesos de Adjudicación de Menor Cuantía en lugar de una Adjudicación Directa Selectiva. Por lo que contrataron por separado los servicios para el sostenimientos fijo e instalaciones de anillos de concreto, instalación de tubería de capacitación y distribución, instalaciones de caseta de bombeo y accesorios y excavaciones y eliminación de desmonte.
Además refiere el documento, comprobaron que los términos de referencia y fichas que comprenden los requerimientos de los indicados procesos, fueron elaborados y extraídos de la memoria descriptiva, ficha y presupuesto del expediente técnico.
En el informe de auditoría establecieron que uno de los miembros y el presidente del comité especial permanente de adjudicaciones, habrían permitido que el Consorcio Tingo María obtenga la buena pro de dos de los procesos de adjudicación de menor cuantía, sin tener en consideración que dicho postor se encontraba impedido de participar; evidenciándose por consiguiente el presunto direccionamiento de los procesos de selección.
ALGO MAS
La procuradora Pública Regional, Carla Ortiz de Zevallos, fue quien remitió un oficio a la Procuraduría Anticorrupción comunicando sobre los hallazgos de la auditoría, para que inicie las acciones legales a los funcionarios y servidores involucrados.
