Cuestiona que se le haya levantado el fuero sin seguir el procedimiento establecido
El expresidente, Pedro Castillo, apeló la orden de prisión preventiva por 18 meses que le impuso el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Solicitó que le dicte mandato de comparecencia con restricciones, en el marco de la investigación por la presunta comisión de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública a raíz del fallido golpe de Estado.
El recurso fue interpuesto por el abogado Wilfredo Robles Rivera, quien asume la defensa legal del exmandatario tras las renuncias de Raúl Noblecilla y Ronald Atencio. El abogado alega que el juez supremo Juan Carlos Checkley, incurrió en un error al no verificar que se haya cumplido con el trámite del levantamiento de la prerrogativa de antejuicio político contra Castillo Terrones. Sostiene que acusaron al exjefe de Estado sin que exista una denuncia constitucional de por medio.
El letrado también apunta contra el Congreso, al que acusa de violar el artículo 89 de su reglamento, que establece el procedimiento de acusación constitucional.
“El Congreso hizo sesión el domingo 11 de diciembre a horas 5.00 p. m., oficiando un acuerdo a Benavides Vargas que no es producto de un antejuicio político. El juez de investigación abdicó de su obligación de hacer un control de constitucionalidad para, cual encargo, cumplir con una consigna política: ¡Todos contra Pedro Castillo!, pisoteando la garantía de un debido proceso y convirtiendo el procedimiento de la prisión preventiva en una pantomima, en un acto de venganza política contra el procesado”, refiere el documento.
Robles Rivera considera que la Fiscalía de la Nación “ha desplegado una actuación inconstitucional e ilegal” al haber formalizado la investigación preparatoria y haber requerido prisión preventiva contra Pedro Castillo, y que el juez Checkley “se ha sumado” a la supuesta arbitrariedad.
Sobre la resolución impugnada, el abogado Wilfredo Robles insiste en que los hechos (del intento del golpe de estado) “no reúnen los caracteres” de los delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
