Testigos protegidos e interceptaciones telefónicas pusieron al descubierto a «Los negociadores de la región»

El ex gobernador regional de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Cornelio, sus dos hijos, su sobrino, tres ex alcaldes, un ex regidor, ex funcionarios, empresarios entre otros son sindicados de integrar la presunta organización criminal denominada “Los negociadores de la región” dedicada a direccionar obras públicas a favor de proveedores y a la contratación de servicios en beneficio propio.

Los delitos que habrían cometido serian contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias, y contra la paz pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado representado por el Gobierno Regional de Huánuco.

El caso data del 2019, luego que Alvarado Cornelio asumió el cargo de gobernador regional y designó como gerentes y directores a personal de su entera confianza como es el caso de Jim Claver Atencia Arbi (gerente de administración), Luis Mario Tiburcio Miguel (director de Transportes), Elvis Eusebio Garay Correa (director de logística) y Deni Darshan Cuchilla Acuña en el cargo de gerente de infraestructura.

Según la investigación, dichas personas, antes de asumir los cargos de confianza integraban los comités de selección de las diferentes municipalidades de la región Huánuco y como tal favorecieron con la buena pro a empresas vinculadas a la familia Alvarado. Luego tras asumir el cargo de gobernador regional habría presionado a sus hijos, sobrino y pareja sentimental para sacar provecho del erario público influenciando en los funcionarios del gobierno regional y comités de selección para que beneficien a su entorno familiar.

“La organización criminal ‘Los negociadores de la región’ el tiempo que duró, fue netamente lucrativa, porque, sus integrantes buscaron sacar el mayor provecho posible para ganar las contrataciones públicas y para el cual utilizaron a empresas y personas de fachada”, refiere parte de las conclusiones de la fiscalía.

Para la fiscalía, la presunta organización criminal que operaba al interior del GRH habría sido constituida por el ahora prófugo Juan Alvarado, sus hijos Inés Rosa y Juan Lenón, quienes fueron los principales financistas de la campaña electoral.

Según el testigo protegido 01-2020, los gastos de la campaña habrían superado los 5 millones de soles, pero los gastos declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales no serían los verdaderos, por lo que Juan Alvarado y su entorno familiar buscaron hacerse de los proyectos de inversión para recuperar lo invertido en la campaña.

“TAYTA 2023”. El operativo policial denominado “Tayta 2023” inició a las 2:30 de la madrugada de ayer con la participación de 200 policías y más de 30 fiscales.

La redada fue en simultánea, donde hasta ayer en la tarde capturaron a 33 personas, entre las que están los hermanos (hijos de Juan Alvarado) Inés Rosa (31) y Juan Lenon (33) Alvarado Modesto; el ex regidor de Huánuco, Luis Jherson Cruz Ortega (35); Fernando Tucto Echevarría (36), Brad Robinson Masgo Calderón (34), Linconl García Coz (36), Fernando Morales Meza (42), Cynthia Roxana Duran Tineo (38), Benjamín Franklin Jauni Meza (54), el exalcalde de Molino, Jean Kevin Sumarán Lino (42) y Rildo Pre Piñan (30).

Continúa la relación Shayla Luicho Romero (33), Elmer Guido Enrique Osorio (36), Luis Antonio Rivera Alvarado (32), Emilio Félix Velásquez Vásquez (43), ex alcalde de Conchamarca, Roberto Jesús Mendoza Escobal (49), Juan Carlos Campos Albornoz (33), Luis Percy Masgo Eugenio (34), Samuel Enrique Osorio (38), exalcalde de Churubamba, Elber Pedro Leandro Zúñiga (59); el sobrino de Juan Alvarado, Juan Romel Alvarado Loarte (53); Rony Joel Díaz Esquivel (48), Javier William Salazar Borja (43), Stefhani Lilibeth Lázaro Villón (33) y Luis Alberto Caldas Alvarado (52).

También está Victoria Maribel Villón Susanibar (53), Julio Jhamerly Paulino Carrasco (29), Lenin Yanet Pinillos Crespo (40), Yanina Bardales Ramírez (33), Cintya Patricia Robles García (39), la exgerente regional, Graciela Mery Alcedo Guillermo (45) y Diego Eduardo Quispe Bermeño (30).

Los que no fueron ubicados en sus viviendas son: Franklin Castillo Aquino (29), Wilson Sayner Rivera Osorio (26), Pedro Ubaldo Polinar (51), Denis Russel Reyes Ochoa (39) y Percy Ramos Esteban (35), quienes integran la lista de 38 personas con la medida coercitiva de detención preliminar.

En el allanamiento de los 16 inmuebles y detención de las 33 personas, los policías incautaron 51,100 soles, 511 dólares, 39 tarjetas de crédito y débito, 7 laptops, 38 celulares, 14 sellos de funcionarios públicos y diversos documentos de interés policial. La diligencia de allanamiento, descerraje y registro domiciliario autorizado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huánuco fue desarrollada en simultánea en Huánuco, Lima y Oxapampa.

La detención preliminar de las 33 personas es por diez días, tiempo que el Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco a cargo del fiscal Iván Carrión Virgilio junto a policías de la División de Investigación de Alta Complejidad realizarán una serie de diligencias entre las que está el interrogatorio a los detenidos.

CASAS ALLANADAS. En la resolución judicial emitida el 17 de febrero del 2023, la jueza Floresmila Reyes Espinoza autorizó el allanamiento de varios inmuebles de personas vinculadas a la organización criminal entre las que está María Hilda Ramírez Castañeda ubicada en el jirón Nazca nº 684, Dpto. 402, distrito de Jesús María, en Lima; Rosio Mejía Cornejo ubicado en el jirón Huallayco n° 1126 y 1130, en Huánuco; Nayland Smith Cueva León, ubicado en la calle San Miguel distrito de Huácar, provincia de Ambo; Edelmira Zulma Picón Ruíz, cuya vivienda según el informe policial está ubicado en el jirón San Martín n° 451, en Huánuco.

También estaba considerada la oficina del GRH en Lima, ubicada en la Av. Las Artes Sur nº 213 y 215, distrito de San Borja; Lizve Olinda Luna Minaya, cuyo inmueble está ubicado en el jirón Chimú n° 132, en Amarilis; Erick Giovani Martínez Mercado, ubicado en la Alameda de la Republica nº 498 en Huánuco; Ronald Pajuelo Pilco ubicado en el jirón Argentina Mz. B, en Pillco Marca; Ivone Smith Grandez Pérez cuya vivienda está ubicada en el jirón Los Olivos nº 255 urbanización Cayhuayna Baja; Celia Huacho Basilio en el jirón Abancay nº 136, int. B, en Amarilis.

En la relación también está consignada la casa de Yoisi Mariel Malpartida Alania ubicada en el Pasaje Los Claveles 7-171 en la urbanización Cayhuana Baja, distrito Pilleo Marca; Deni Darsham Cuchilla Acuña sito en la urbanización Bellavista Mz «B», Lote 4, distrito de Pillco Marca; Julio Walter Alvarado Trujillo sito en la urbanización Miraflores Mz. K,  Lote 2, Amarilis; Javier Maykol Espinoza Loarte sito en el jirón 28 de Julio 1301, Huánuco; Jorge Luis Egusquiza Villena ubicado en el jirón Pozuzo s/n en Oxapampa, Pasco; Rider Barrueta Arostegui, en la Mz-B,  Lt-9, urbanización Huayopampa, en Amarilis.

OPERACIONES ILÍCITAS. Según los documentos policiales,Jhon Lenon Alvarado, habría constituido una organización criminal desde inicios del 2019 junto a su padre y hermana con la finalidad de tomar el control de los proyectos de inversión del GRH tales como consultorías, adquisición de bienes, servicios, ejecución de obras, entre otros y para no ser descubiertos usaron a testaferros, operadores, asistentes, etc.

Su posición habría sido privilegiada en la organización tal como aseguraron tres testigos protegidos. Es así que por intermedio de Diego Eduardo Quispe Bermeño, brindó el servicio de reparación, mantenimiento y repuestos de la planta chancadora asignada a la obra de mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la carretera departamental HU-108 tramo II Aeropuerto –Conchumayo- Churubamba por 300 mil soles. Asimismo, por intermedio de Rildo Pre Piñan, el hijo del entonces gobernador regional habría beneficiado al consorcio Jireh para el suministro de 17 válvulas reductoras de presión por 688 mil 333 soles con 63 céntimos.

Po intermedio de Linconl García Coz ejecuta el mejoramiento de los servicios de transitabilidad de la avenida Héroes de Jactay, Av. Circunvalación, tramo Cruz Verde, Loma Blanca, Las Moras y puente Vía Cruces por un monto de 46’614,701.82 soles. Con esta misma persona fue proveedor de materiales de construcción, alquiler de equipos medianos para obras y otros más de 234 mil soles.

La fiscalía sindica a Inés Rosa Alvarado de haberse coludido con el alcalde de Molino en la provincia de Pachitea, Jean Kevin Sumarán Lino, para ser favorecida en la ejecución de la    obra: «Mejoramiento de los servicios de transitabilidad de las calles jr. 28 de Julio cuadra 1 al 6, jr. Incaica cuadra 4 al 6, jr. Jupirumi cuadra 1 al al 3, jr. Pascua de Reyes cuadra 1 al 2, jr. Jishunrumi cuadra 1 del centro urbano de la localidad de Huarichaca, licitado y adjudicado por la municipalidad de Molino por S/ 4’154,171.63.

El poder de la organización criminal también habría alcanzado a los alcaldes de los distritos de Churubamba (Elber Leándro) y Conchamarca (Roberto Mendoza) quienes entregaron el proceso de selección de adjudicación simplificada n° 007-2021 para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico de la obra: «Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en la localidad de Churubamba”, el cual habría sido ajustado a su conveniencia e intereses económicos de Shayla  Luicho y su  conviviente Elmer Guido Enrique por 254 mil soles.

En Conchamarca la contratación del servicio de consultoría de obra para la reformulación de expediente técnico del proyecto: «Ampliación, mejoramiento en la prestación de servicio   de salud” por 200 mil soles, adjudicaron la buena pro al Consorcio Salud Conchamarca, integrado por el ingeniero Emilio Velásquez Vásquez y Abraham  Santos Cienfuegos y con el cual favoreció a Luis Rivera Alvarado representante legal común del consorcio y verdadero postor interesado en beneficiarse con dicha contratación en concierto con  la pareja de convivientes Elmer Guido y Shayla, quienes luego de coordinar con el alcalde Roberto Mendoza, habría cobrado una comisión de 65 mil soles al consorcio ganador.

La fiscalía sindica a Shayla Luicho de hacer seguimientos en todas las gerencias de los proyectos de inversión del Gobierno Regional de Huánuco y tenía amplias facultades para coordinar con gerentes y funcionarios, porque los proyectos eran de interés de la organización.

ALGO +

La investigación que inició en el 2020 incluye interceptaciones telefónicas y declaraciones de testigos protegidos que detallaron paso a paso de cómo operaba la presunta organización criminal “Los negociadores de la región”.

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