La Sala Penal de Apelaciones de Huánuco presidida por la jueza superior Angélica Aquino Suárez confirmó la sentencia de siete años y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva contra tres policías que en primera instancia fueron hallados culpables del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial en agravio de la Policía Nacional.
Tras confirmarse la condena, los magistrados ordenaron la ubicación y captura de Elar Giancarlo Mallqui (teniente), los suboficiales César Klider Garay Cipriano y Edil Maguiña Asparrin, quienes una vez capturados deberán ser internados en el recinto penitenciario.
La investigación que terminó en condena fue realizada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huánuco y data del 24 de mayo del 2018 cuando los suboficiales Garay y Maguiña con conocimiento del comisario ejecutaron un operativo de control de identidad en el caserío de Inti. Al solicitar los documentos a los pasajeros, descubrieron que el ciudadano EPP, quien viajaba de Tingo María a Sachavaca tenía una orden de captura por el delito de violencia familiar.
Tras bajarlo de la unidad de trasporte público fue llevado al patrullero, donde le dijeron que terminaría preso, incluso iba gastar dinero en abogados, por lo que le sugirieron que debía pagar 500 soles, pero el requisitoriado dijo que solo tenía 50, monto que fue rechazado y optaron por trasladarlo a su casa, donde ubicaron a la conviviente a quien dijeron que si no quería que termine en la cárcel debía conseguir dinero recomendando que venda su terreno.
Buscando dinero prestado acudió al centro de salud de Sachavaca, donde trabajaba una enfermera, pero tampoco tenía, por lo que buscó a otras tres personas que en el proceso de investigación fueron captadas por el Ministerio Público como testigos. Al no encontrar el monto solicitado, el pedido por la justicia fue dejado en libertad, pero para asegurar que pague el dinero retuvieron su DNI.
Tras denunciar el caso, la Policía y Fiscalía Anticorrupción puso en marcha el operativo, pero la información habría sido filtrada y ninguno de los tres fue ubicado en la comisaría de Palo de Acero, donde prestaban servicios. Días después, el denunciante recuperó su DNI y la fiscalía continuó realizando la investigación que terminó en sentencia.
