Desde el año pasado y desde principios del presente, dirigentes, autoridades y ronderos del distrito de Honoria en la provincia de Puerto Inca solicitaron que el Gobierno Regional Huánuco se pronuncie a favor de revertir al Estado los terrenos de propiedad del Grupo Refinca Holding SAC en Honoria. El no pronunciamiento, generó que se levanten en medida de lucha y, a hoy, el problema social se viene agudizando, al registrarse enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que dejó heridos y detenidos.
La compañía Refinca tiene siete hectáreas entre Huánuco y Ucayali que son utilizadas para la siembra de eucaliptos desde el 2018, tras comprar el terreno a Ciro Apéstegui, pero es reclamado por pobladores al denunciar que los empresarios los invadieron. Los agricultores que demandan a la empresa, señalan que los terrenos les pertenecen desde hace 40 años.
Los pormenores del enfrentamiento actual, lo dio a conocer el presidente de las Rondas Campesinas de la región Huánuco, Yoel Rosales, quien detalló que, dos manifestantes están gravemente heridos por un arma de fuego. En similar situación, se encuentran otros quince civiles.
Al conocer la cantidad de manifestantes detenidos y con el propósito de que sean liberados, los dirigentes dieron una tregua; sin embargo, si ello no sucede radicalizarán su protesta. Para el dirigente, tanto el Gobierno Regional de Huánuco como el Gobierno Regional de Ucayali, les están dando la espalda. “La Sunat no quiere registrar nuestros predios y el gobernador Juan Alvarado se cierra en no intervenir”, manifestó.
El consejero Jaime Oliveira Tello, se pronunció al respecto e indicó que la situación es lamentable entre las fronteras de los distritos de Honoria y Campo Verde. “Los pobladores sólo solicitan el reconocimiento de sus predios; pero, hay poca preocupación por parte del gobernador regional”, dijo, al contar que las rondas campesinas están unidas. A diferencia de Rosales, detalló que, son cuatro los heridos graves, entre ellos dos efectivos policiales.
Hasta el momento, se dio a conocer que las únicas autoridades políticas que se han acercado a la zona de conflicto son de Ucayali, un congresista y el gobernador encargado.
“Mi respaldo será para el diálogo y la concertación, actuaré en bases a la ley“, dijo el gobernador Juan Alvarado Cornelio. El caso, para la prefecta Edith Ramírez Calero está judicializado y pidió que el gobierno regional realice una inspección ocular en la zona, tal como se había acordado días atrás.
